En el marco de la nueva política de integridad empresarial impulsada por el Gobierno estatal, se llevó a cabo una depuración del Padrón Estatal de Proveedores como parte de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la competencia leal y la confianza en las contrataciones públicas.
La medida forma parte de una estrategia integral encabezada por la Contraloría del Estado de Hidalgo, orientada a garantizar que las empresas que participan en procesos de contratación gubernamental mantengan información vigente, acrediten su existencia real y demuestren capacidad operativa, además de cumplir con los principios de legalidad, honestidad e integridad en el uso de recursos públicos.
De acuerdo con el balance oficial, al cierre de 2025 el padrón contaba con 8,440 registros de proveedores. Con la entrada en vigor de la reforma, se estableció una vigencia de dos años para las inscripciones, lo que obligó a las empresas a realizar un trámite de canje para conservar su registro activo.
Al concluir el plazo fijado en la Circular No. 005, el pasado 15 de junio de 2026, un total de 4,668 registros perdieron efectos legales al no realizar su actualización correspondiente. El proceso de revisión permitió identificar que únicamente 2,155 proveedores completaron el canje, mientras que se mantienen 283 registros cancelados y 1,656 bajas acumuladas.
Como resultado, al 17 de junio de 2026 el padrón quedó integrado por 2,237 proveedores vigentes, consolidando una base de datos más depurada y alineada con estándares de integridad empresarial.
Las autoridades explicaron que los registros cancelados forman parte de procedimientos administrativos permanentes, cuyas resoluciones se publican mensualmente en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, como mecanismo de control institucional.
Durante la revisión también se detectaron registros con antigüedad de hasta una década sin actualización documental ni evidencia reciente de actividad económica. Esto encendió alertas sobre la necesidad de depurar empresas sin operación real dentro del padrón.
El nuevo esquema de verificación incorporó criterios más estrictos, como la detección de posibles conflictos de interés entre servidores públicos y proveedores, análisis de coincidencias en domicilios o socios, validación de registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la comprobación de actividad económica efectiva para evitar la participación de empresas simuladas o sin capacidad operativa.
El titular del área, Álvaro Bardales, destacó que esta depuración representa un avance en la construcción de una cultura de integridad entre el sector público y privado, subrayando que no basta con la documentación formal, sino que es indispensable acreditar la existencia real y funcional de las empresas.
Con estas acciones, el padrón estatal se consolida como una base de datos más confiable, fortaleciendo los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y prevención de riesgos en las adquisiciones
