Consultar cómo se gasta el dinero público, conocer los contratos de una obra o exigir información a las autoridades deberá seguir siendo un derecho accesible para cualquier ciudadano, pero ahora con una estructura más pequeña y menos costosa. En Hidalgo, el nuevo organismo encargado de la transparencia operará con solo 12 empleados y el gobierno estatal asegura que reducirá más del 50 por ciento del gasto corriente, sin afectar la atención a la población.
El reto será comprobar que el ahorro no se traduzca en menos vigilancia, respuestas tardías o mayores dificultades para obtener información pública.
La nueva institución, denominada Transparencia para el Pueblo de Hidalgo, estará adscrita a la Secretaría de Contraloría, encabezada por Álvaro Bardales Ramírez, y contará con autonomía técnica y operativa.
A diferencia del modelo anterior, no tendrá comisionados y los salarios de sus trabajadores estarán homologados a los del Poder Ejecutivo. Además, utilizará las instalaciones del complejo Hidalgo Honesto, así como la infraestructura tecnológica y los servicios disponibles, para evitar gastos adicionales.
De acuerdo con la información oficial, el ahorro previsto supera el 50 por ciento del gasto corriente. Sin embargo, no se ha detallado cuánto dinero representa esa reducción ni cuál será el presupuesto total del nuevo organismo.
Uno de los principales cambios estará en la forma de vigilar a las instituciones públicas. Las contralorías internas de dependencias estatales, ayuntamientos, organismos descentralizados y autónomos participarán, dentro de sus atribuciones, en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Esto significa que una parte importante de la vigilancia recaerá en los órganos internos de control de las propias instituciones, que deberán verificar la publicación de información, atender omisiones y promover respuestas oportunas a las solicitudes ciudadanas.
Para quienes buscan información sobre el destino de los recursos públicos, las obligaciones de las autoridades se mantienen. Los ciudadanos podrán seguir presentando solicitudes, inconformarse cuando consideren que una respuesta es insuficiente y denunciar posibles incumplimientos.
El nuevo organismo tendrá dos áreas principales: Acceso a la Información Pública y Atención a Medios de Impugnación, integradas con personal procedente del desaparecido Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).
La reorganización se desprende de las reformas aprobadas por mayoría el pasado 6 de octubre en el Congreso estatal, que incluyen nuevas leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales, además de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Otro punto importante será la continuidad de los servicios digitales. La Contraloría pondrá a disposición su infraestructura y su sitio institucional para facilitar la consulta de información y respaldar la operación de los servicios vinculados con la Plataforma Nacional de Transparencia.
Durante la transición también deberán transferirse expedientes, archivos y asuntos que se encontraban en trámite, además de instalarse el Comité del Subsistema de Transparencia del Estado y realizarse las adecuaciones normativas necesarias.
Aunque el gobierno estatal plantea que el nuevo esquema permitirá gastar menos sin reducir los servicios, todavía está por comprobarse su funcionamiento en la práctica.
La verdadera medida de esta reorganización no será únicamente cuánto dinero consiga ahorrar, sino qué tan fácil resulte para cualquier habitante de Hidalgo conocer en qué se utilizan los recursos públicos, recibir respuestas completas y exigir cuentas cuando una autoridad se niegue a proporcionar información.
