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Capacitan a más de 200 funcionarios para prevenir delitos electorales

El uso de recursos públicos para favorecer candidaturas, condicionar programas sociales o presionar a trabajadores para participar en campañas políticas puede constituir un delito electoral. Para prevenir estas conductas, más de 200 servidores públicos de Hidalgo recibieron capacitación especializada.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Contraloría estatal, encabezada por Álvaro Bardales, y estuvo dirigida a titulares de los Órganos Internos de Control de ayuntamientos, dependencias y organismos estatales, quienes tienen entre sus responsabilidades vigilar el cumplimiento de la normativa en la administración pública.

Especialistas de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales explicaron las principales conductas que pueden derivar en responsabilidades penales para los funcionarios, especialmente durante los procesos electorales.

Entre las prácticas señaladas se encuentran obligar o amenazar a subordinados para asistir a actos proselitistas, condicionar la entrega de apoyos gubernamentales, utilizar bienes o recursos públicos para favorecer partidos políticos y solicitar aportaciones con fines electorales.

Estas conductas están contempladas en los artículos 11 y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establecen responsabilidades específicas para las personas servidoras públicas.

Programas sociales no deben utilizarse con fines políticos

Uno de los temas centrales fue el blindaje electoral, conjunto de medidas destinadas a evitar que los recursos, servicios y programas gubernamentales sean utilizados para influir en las preferencias políticas de la ciudadanía.

También se revisó el artículo 134 constitucional, que establece principios para el manejo de los recursos públicos, entre ellos la eficiencia, imparcialidad, economía y honradez.

Los participantes recibieron orientación para distinguir entre información institucional, propaganda gubernamental y promoción personalizada de funcionarios, así como sobre las restricciones aplicables a la difusión de actividades oficiales durante los procesos electorales.

La capacitación fue impartida por la fiscal especializada en Delitos Electorales, Diana Jeannethe Rodríguez López, junto con Oscar Vera Aguilar, Italia Almeida Paredes y los agentes del Ministerio Público María del Carmen Zuazua Gómez y José Israel Salinas Larios.

Durante el encuentro también se explicaron los procedimientos para denunciar posibles delitos electorales, los elementos que pueden servir como evidencia y los canales de atención de la Fiscalía Especializada.

La Secretaría de Contraloría señaló que esta capacitación forma parte de las medidas preventivas para evitar irregularidades en el servicio público y reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos gubernamentales durante los procesos electorales.

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