La dependencia reporta más de 396 mil declaraciones patrimoniales y 10 mil procedimientos de contratación revisados mediante plataformas digitales
La Contraloría de Hidalgo ha trasladado parte de sus procesos de fiscalización y control a plataformas digitales, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las obligaciones de los servidores públicos y detectar posibles irregularidades con mayor oportunidad.
Durante los cuatro años de la administración de Julio Menchaca Salazar, la dependencia consolidó su interconexión con la Plataforma Digital Nacional (PDN), a la que se han incorporado más de 396 mil 284 declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2020-2024.
A través de esta plataforma es posible consultar y analizar información relacionada con las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas.
Otro de los cambios fue la homologación de la presentación de declaraciones mediante Declara Hidalgo, plataforma utilizada por alrededor de 130 mil servidores públicos. La medida concentra el trámite en un solo sistema y permite dar seguimiento a las obligaciones correspondientes.
En materia de entrega-recepción, el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas Intermedia (SERC) se utiliza para documentar los procesos relacionados con la conclusión de un cargo o comisión y facilitar la revisión de la información que queda bajo responsabilidad de cada servidor público.
La digitalización también llegó a los procesos de contratación. La Oficina Virtual de Revisión de Bases reporta la atención de 10 mil procedimientos de contratación y la revisión de 117 mil reportes durante la actual administración.
A esto se suma la Oficina Virtual del Padrón de Proveedores y Contratistas, que permite realizar trámites relacionados con el registro y actualización de las empresas que participan en procedimientos de contratación pública.
Estas herramientas concentran información relacionada con contratos, obras, proveedores, presupuesto y declaraciones patrimoniales, lo que permite a la Contraloría ampliar sus mecanismos de revisión y detectar posibles riesgos antes de que deriven en irregularidades.
El reto para la dependencia es que la digitalización no solo agilice trámites, sino que se traduzca en una fiscalización más efectiva y en un mayor control sobre el uso de los recursos públicos.
