¿Se compran productos a sobreprecio? ¿Se exige a proveedores devolver parte de sus pagos? Estos fueron los cuestionamientos que enfrentó el titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo durante su comparecencia ante el Congreso local.
La diputada Tania cuestionó directamente al funcionario sobre si podía garantizar que en las adquisiciones y contrataciones de servicios no existen sobreprecios ni se solicitan los llamados “moches” a proveedores.
En respuesta, el oficial mayor explicó que las compras se realizan a partir de estudios de mercado elaborados por las áreas solicitantes, los cuales sirven para establecer los montos de referencia antes de iniciar los procedimientos de licitación.
Respecto a los posibles “moches”, aseguró que estas prácticas no forman parte de los procedimientos de la dependencia y señaló que cualquier irregularidad atribuida a servidores públicos debe denunciarse ante las instancias correspondientes.
Durante su réplica, la legisladora recordó los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, y preguntó al funcionario cómo los aplica en el desempeño de su cargo.
El oficial mayor sostuvo que su administración ha privilegiado las licitaciones públicas, establecido comités para transparentar las adquisiciones y mantenido procesos de auditoría durante todo el año.
Sin embargo, durante este intercambio no presentó cifras específicas sobre posibles diferencias de precios ni resultados de auditorías que permitieran comprobar la ausencia de irregularidades.
La discusión puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles de la administración pública: la transparencia en el manejo de los recursos destinados a compras y contrataciones gubernamentales.
