La justicia administrativa en Hidalgo registra avances relevantes en su capacidad de respuesta, resolución de asuntos y consolidación institucional, de acuerdo con lo expuesto durante el Tercer Informe de Actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo (TJA).
Durante la sesión solemne, realizada en el Auditorio Benito Juárez del Poder Judicial, se presentaron los resultados correspondientes al periodo 2025-2026, en los que destaca un incremento sostenido en la atención y resolución de asuntos en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas.
Uno de los indicadores más significativos es que, en segunda instancia, el número de resoluciones emitidas superó al de los recursos promovidos, lo que refleja una capacidad efectiva para abatir rezagos y fortalecer la certeza jurídica en la entidad.
En términos generales, las cuatro salas unitarias del tribunal registraron el ingreso de mil 513 demandas, de las cuales mil 414 correspondieron a materia administrativa, 22 a fiscal y 77 a responsabilidades administrativas. En este mismo periodo, se dictaron más de mil 500 sentencias, entre definitivas e interlocutorias, además de múltiples acuerdos, audiencias y notificaciones que evidencian una actividad jurisdiccional constante.
En segunda instancia, el Pleno del Tribunal recibió 121 recursos de revisión en materia fiscal y administrativa, resolviendo 135 asuntos, lo que confirma un desempeño superior al volumen de ingresos. Asimismo, se atendieron recursos de apelación en materia de responsabilidades administrativas, consolidando un total de 135 sentencias, en su mayoría confirmatorias, lo que respalda la solidez jurídica de las resoluciones emitidas en primera instancia.
Durante el acto, se subrayó que este comportamiento responde también a una mayor participación de la ciudadanía, que cada vez recurre más a los mecanismos legales para exigir sus derechos frente a actos de autoridad, particularmente en temas que impactan el patrimonio, la actividad económica y la estabilidad familiar.
Otro aspecto relevante es la incorporación de mecanismos alternos de solución de controversias en materia administrativa, contemplados en el nuevo marco normativo. Estos instrumentos permiten agilizar la resolución de conflictos, reducir cargas de trabajo y ofrecer alternativas más accesibles para la ciudadanía, sin sustituir la función jurisdiccional tradicional.
En conjunto, los resultados reflejan una institución que no solo ha incrementado su productividad, sino que ha fortalecido su estructura operativa y su capacidad para responder a un entorno de mayor demanda social en materia de justicia administrativa.
El informe da cuenta de un sistema que evoluciona hacia una mayor eficiencia, con énfasis en la legalidad, la transparencia y la generación de certeza jurídica para la población.
