La Auditoría Superior de la Federación revisó más de 37 mil millones de pesos de la Cuenta Pública 2025. Detectó pagos a trabajadores que no acreditaron funciones o requisitos académicos, mientras que las obras estatales auditadas no registraron observaciones, según el gobierno de Hidalgo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al gobierno de Hidalgo aclarar el destino de aproximadamente 7 millones de pesos, tras fiscalizar 37 mil 417 millones de recursos federales correspondientes a la Cuenta Pública 2025, de acuerdo con los resultados de la segunda entrega de auditorías difundidos por la administración estatal.
El monto observado representa el 0.0197 por ciento del total revisado y se concentra principalmente en irregularidades relacionadas con pagos de nómina en instituciones educativas, así como apoyos económicos entregados fuera de la normativa aplicable.
Uno de los hallazgos más importantes corresponde al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Hidalgo, donde se identificaron pagos por 6 millones de pesos a 29 trabajadores que no acreditaron cumplir con el perfil académico requerido para los puestos que desempeñaban.
En el Instituto Hidalguense de Educación se señalaron pagos por 808 mil pesos a tres trabajadores que ocupaban cargos de elección popular, sin que se acreditara la prestación de los servicios correspondientes.
Asimismo, en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos se detectaron pagos por 234 mil pesos a 16 personas voluntarias beneficiarias de subsidios, realizados fuera de las disposiciones aplicables.
Estos señalamientos forman parte de los cuatro pliegos de observaciones, tres recomendaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal derivados de la revisión.
Es importante señalar que los montos sujetos a aclaración no representan automáticamente recursos desviados o un daño patrimonial definitivo, ya que las instituciones involucradas tienen oportunidad de presentar documentación para justificar su ejercicio.
Obras públicas y seguridad, sin observaciones pendientes
En contraste, el gobierno estatal informó que las auditorías practicadas a las obras ejecutadas durante la administración de Julio Menchaca Salazar no determinaron observaciones.
También señaló que las áreas de Hacienda estatal y seguridad pública no registran observaciones pendientes de solventar ante la ASF en los rubros mencionados.
La fiscalización comprendió participaciones federales, fondos municipales, recursos educativos, subsidios, servicios de salud, disciplina financiera y disposiciones relacionadas con el timbrado de nómina.
Paralelamente, la Contraloría estatal mantiene recorridos de verificación en 25 obras financiadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), correspondientes a una bolsa cercana a los mil millones de pesos.
Estas revisiones incluyen supervisión de materiales, avances físicos y cumplimiento de las condiciones de ejecución, con la participación de laboratorios de control de calidad, contralores sociales y personal vinculado a las tareas de fiscalización.
Tendrán 30 días hábiles para responder
El contralor estatal, Álvaro Bardales, informó que su dependencia coordina la integración de los documentos necesarios para atender los requerimientos de la ASF dentro del plazo de 30 días hábiles.
Explicó que, dependiendo de los resultados del proceso de aclaración, podrían determinarse reintegros de recursos o responsabilidades administrativas.
Aunque las cantidades observadas representan una proporción reducida del presupuesto fiscalizado, los señalamientos deberán atenderse individualmente y con documentación que acredite la legalidad de los pagos.
La siguiente etapa será conocer cuánto de los 7 millones de pesos logra justificar el gobierno de Hidalgo, qué observaciones permanecen pendientes y si los hallazgos derivan en recuperaciones de recursos o procedimientos de responsabilidad.
Los resultados definitivos permitirán establecer si las irregularidades detectadas fueron subsanadas o si existen recursos públicos que deban reintegrarse.
