Cada accidente en el transporte público vuelve a exhibir un problema que durante años ha permanecido normalizado: miles de usuarios suben diariamente a unidades sin saber si realmente están protegidos en caso de un percance.
El caso ocurrido el pasado 20 de mayo sobre el bulevar Minero, en Pachuca, volvió a encender las alertas. La unidad involucrada operaba sin póliza de seguro vigente, una irregularidad grave considerando que diariamente transporta personas que confían su seguridad al servicio público.
La información dada a conocer por el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo confirma algo preocupante: aunque el operador contaba con tarjetón vigente, la unidad no tenía el seguro obligatorio. Es decir, el vehículo seguía circulando pese a incumplir uno de los requisitos básicos para operar.
Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuántas unidades más están en las mismas condiciones?
Porque el problema no es solamente administrativo. Cuando una unidad carece de seguro, el verdadero riesgo lo absorben los pasajeros. En un accidente grave, las víctimas pueden enfrentar gastos médicos, procesos legales interminables o incluso quedar desprotegidas ante daños permanentes.
Durante años, el tema de los seguros en el transporte público se ha tratado como un simple trámite documental, cuando en realidad debería ser una condición innegociable para prestar servicio. No se trata de recaudar multas ni de llenar expedientes: se trata de proteger vidas.
La propia autoridad reconoce que la sanción podría llegar incluso a la revocación de la concesión. Sin embargo, la discusión de fondo va más allá de castigar un caso aislado. El verdadero desafío está en revisar cuántas unidades circulan diariamente sin cobertura vigente y por qué siguen operando.
Para miles de usuarios del transporte colectivo, abordar una combi o un microbús se ha convertido en un acto de confianza ciega. Pocas personas preguntan si la unidad tiene seguro, si está regularizada o si cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Y tampoco existe una cultura institucional sólida que haga visible esa información al pasajero.
Mientras tanto, los accidentes continúan ocurriendo y, muchas veces, las familias afectadas terminan enfrentando solas las consecuencias.
El transporte público mueve ciudades enteras, pero no puede seguir funcionando con vacíos tan delicados.
