Legisladores del Congreso de Hidalgo presentaron una reforma a la Constitución Política de la entidad para la suspensión de derechos políticos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público a personas sentenciadas por violencia familiar y deudores alimentarios.
Quienes hayan cometido el delito contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
La propuesta fue presentada por diputadas integrantes de la LXV Legislatura y leída en tribuna por parte de las diputadas, Marcia Torres González, Elvia Sierra Vite y Lisset Marcelino Tovar.
De acuerdo con la legisladora Marcia Torres, el objetivo es incorporar el artículo 17 Bis que contempla que las personas no podrán ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Cabe destacar que en Hidalgo el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar ha experimentado un crecimiento más rápido en comparación con el promedio anual nacional. En efecto, mientras que, en México creció a un ritmo de 17.1 por ciento, en Hidalgo fue de 22.6, indicó.
