Hidalgo, mayo 2025. A solo días de que se cumpla el plazo legal, apenas el 40% de los funcionarios del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo han presentado su declaración patrimonial obligatoria, informó la Contraloría estatal.
De los 79,649 servidores públicos que deben cumplir con este trámite, solo 30,100 lo han hecho durante los primeros ocho días de mayo. Ante este panorama, la Contraloría ha intensificado sus esfuerzos para evitar sanciones: se han impartido 42 capacitaciones a más de 3,160 personas, atendido más de 2,113 consultas vía WhatsApp y recibido 443 llamadas telefónicas relacionadas con el tema.
“La declaración patrimonial es clave para prevenir el enriquecimiento ilícito y transparentar el comportamiento económico de quienes están al frente de la administración pública”, explicó la dependencia.
Sector Salud: una doble carga
Uno de los sectores con mayor responsabilidad es el de Salud. De los 5,123 trabajadores transferidos al IMSS Bienestar, todos deben presentar declaración de conclusión estatal y declaración de inicio y modificación ante la federación.
A su vez, los servidores públicos que aún forman parte de la administración estatal tienen que presentar su declaración de modificación 2025 en DeclaraNet Hidalgo.
Sin embargo, solo el 14% del personal del sector salud ha cumplido hasta ahora.
Alcaldes en falta
En el ámbito municipal, unos 28 mil funcionarios, incluidos síndicos y regidores, deben también presentar sus declaraciones. La preocupación crece porque 41 presidentes municipales no han entregado su declaración de inicio, como exige la ley.
Este incumplimiento ya ha tenido consecuencias: dos alcaldes electos enfrentaron recursos legales que retrasaron su toma de posesión por no haber presentado sus declaraciones 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses).
Sanciones en curso
La vigilancia ha sido constante. En lo que va de la actual administración, la Contraloría ha emitido 223 resoluciones, la mayoría por no declarar en tiempo y forma, lo que representa una violación directa a la Constitución.
El mensaje es claro: evitar sanciones es posible, pero solo si los funcionarios cumplen su responsabilidad en los tiempos establecidos.
