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¡Se acabó el plazo! Miles de servidores públicos cumplieron, quien no, enfrentara sanciones

La cuenta regresiva terminó. Este 31 de mayo venció el plazo legal para que más de 109 mil servidores públicos de Hidalgo presentaran su Declaración Patrimonial y de Intereses 2026. Aunque el estado alcanzó por cuarto año consecutivo un cumplimiento superior al 99 por ciento, quienes no realizaron el trámite ahora podrían enfrentar procedimientos administrativos, suspensiones e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Al cierre de la jornada, 106 mil 568 personas servidoras públicas cumplieron con esta obligación legal, reflejando un amplio compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la Secretaría de Contraloría anunció que dará seguimiento a los casos de incumplimiento para aplicar las medidas que establece la ley.

En el ámbito municipal se registraron 26 mil 185 declaraciones presentadas de un universo de 28 mil 767 personas obligadas, lo que representa un cumplimiento del 91.2 por ciento. Destacan municipios que alcanzaron el 100 por ciento de cumplimiento, como Zempoala, Atitalaquia, Juárez y Alfajayucan.

Asimismo, sobresalen los avances registrados en municipios con una amplia plantilla laboral, como Pachuca, con más del 98 por ciento de cumplimiento; Mineral de la Reforma, con más del 96 por ciento; y Tizayuca, con más del 93 por ciento.

En el Poder Ejecutivo, 81 mil 738 de las 82 mil 315 personas obligadas presentaron su Declaración Patrimonial de Modificación, alcanzando un cumplimiento del 99.3 por ciento. Además, 50 dependencias y organismos reportaron el 100 por ciento de cumplimiento.

La Secretaría de Contraloría recordó que las personas servidoras públicas que hayan omitido presentar su declaración estarán sujetas a procedimientos de responsabilidad administrativa. Las sanciones pueden ir desde amonestaciones y suspensiones hasta la inhabilitación, dependiendo de la gravedad del caso.

Hasta el momento, 726 servidores públicos han sido sancionados por incumplir con esta obligación en ejercicios anteriores, mientras que 179 fueron inhabilitados para desempeñar funciones dentro del servicio público.

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