Para informar sobre los programas y proyectos, provenientes de financiamiento federal y estatal, que el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), coordina con las Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres (IMDM), se realizó una reunión a la cual fueron convocadas las 84 titulares.
Bertha Miranda Rodríguez, directora general del IHM, detalló cómo trabajarán en diferentes temas, como son:
Las Rutas de Atención Integral; instalación de “Somos tu Red de Apoyo”; aplicación del Protocolo Cero contra el Acoso y Hostigamiento Sexual y/o Laboral.
Asimismo, en la instalación y seguimiento de Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; atención especializada, y, por supuesto, en los programas de apoyo para mujeres en situación de violencia, así como para niñas y adolescentes madres o embarazadas, que tengan plan de restitución de derechos.
Recordó que las reglas de operación de los programas han cambiado, por lo que independientemente del municipio, se favorecerá económicamente a las mujeres en circunstancias de violencia y de vulnerabilidad, para lograr que la aportación económica contribuya a que no abandonen sus tratamientos.
Especificó que en el caso del embarazo y la maternidad temprana, el estímulo será para asegurarse que las niñas y adolescentes retomen su proyecto de vida y sigan adelante. También se contemplan recursos para hijas menores de edad, de mujeres víctimas de feminicidios.
Aclaró que no se deja en la indefensión a estudiantes o a quienes buscan desarrollarse en el área productiva, sino que se replantean los programas para que cada dependencia asuma su responsabilidad para el logro de la igualdad, desde su ámbito de competencia. Es el caso de la SEPH, que le corresponde el tema de becas
En tanto el IHM se enfocará en la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal y en la atención a mujeres en situación de violencia, pero desde una visión integral, por ello se busca cerrar el círculo, es decir, que quienes reciban atención jurídica y psicológica tengan la oportunidad de un apoyo económico que contribuya a su autonomía, y que no se queden junto a la persona agresora por falta de recursos para independizarse.
