Pese al anuncio del gobierno estatal de emprender acciones legales contra plataformas de transporte no autorizadas, la Secretaría de Movilidad reconoció que todavía no ha presentado denuncias penales y que los procedimientos continúan en análisis.
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, Lizbeth Robles Gutiérrez reconoció ante el Congreso del Estado que no ha presentado denuncias penales contra las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte sin autorización, entre ellas Uber, anunciadas por el gobernador Julio Menchaca como acciones legales contra este tipo de empresas.
Durante su comparecencia, la titular de la dependencia fue cuestionada por el diputado Avelino Tovar Iglesias sobre las medidas adoptadas para impedir la operación de estas plataformas, las sanciones aplicadas y la falta de multas a taxistas por cobros excesivos.
La funcionaria confirmó que, hasta el momento, las denuncias no se han presentado y que se analiza la estrategia jurídica que podría emprenderse contra las empresas.
“No hemos presentado denuncias, se están analizando obviamente por bloque y por empresa”, expresó ante los legisladores.
Explicó que las acciones legales forman parte de una estrategia coordinada del Poder Ejecutivo y no de una decisión aislada de la Secretaría de Movilidad.
También señaló que Uber ha promovido juicios de amparo, pero sostuvo que ninguno le ha otorgado autorización para prestar el servicio en Hidalgo.
Solo 50 infracciones por transporte mediante plataformas
La secretaria informó que se han levantado 50 boletas de infracción a vehículos que prestaban servicio mediante aplicaciones digitales o redes sociales sin contar con concesión o autorización estatal.
Precisó que las inspecciones no se dirigen exclusivamente contra Uber, sino contra cualquier modalidad de transporte irregular, incluidos los servicios que se ofrecen a través de redes sociales.
De acuerdo con las cifras presentadas, entre el 5 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026 se aplicaron 1,166 sanciones por distintas irregularidades y se enviaron 324 unidades a depósitos vehiculares.
Sin embargo, aclaró que las 50 infracciones relacionadas con plataformas digitales forman parte de las acciones específicas contra este tipo de servicio, mientras que las demás sanciones corresponden a diversas faltas en el transporte.
La dependencia reportó operativos en la zona metropolitana de Pachuca, Huejutla, Tizayuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma.
En este último municipio, la secretaria aseguró que se logró inhibir la operación de dos plataformas, aunque evitó mencionar sus nombres.
Cuestionan sanciones a conductores, pero no a empresas
Durante su intervención, el diputado Avelino Tovar Iglesias recordó que el artículo 344 del Código Penal de Hidalgo contempla penas de dos a cinco años de prisión por la explotación del servicio de transporte público sin concesión, con disposiciones que también pueden alcanzar a directivos de las empresas.
El legislador cuestionó por qué las acciones de la dependencia se han concentrado en infracciones administrativas contra conductores, mientras que las empresas continúan ofreciendo sus servicios.
También planteó que la presencia de Uber responde, en parte, a la insatisfacción de usuarios con el transporte tradicional.
“Uber llega porque hay usuarios insatisfechos”, señaló.
En ese contexto, pidió que la aplicación de la ley no recaiga únicamente sobre los choferes que buscan una fuente de ingresos, sino que también se determine la responsabilidad de las empresas.
Sin multas por cobros excesivos, según información de transparencia
El diputado también puso sobre la mesa las irregularidades del servicio de taxi convencional.
Aseguró que, de acuerdo con respuestas de transparencia de la propia Secretaría de Movilidad, durante un periodo de dos años no se registró una sola multa contra concesionarios por cobros excesivos.
El legislador consideró que la defensa del transporte concesionado también debe acompañarse de medidas para garantizar que los taxistas respeten las tarifas autorizadas.
