El 5 de julio de 2024, un juez federal negó un amparo promovido por Lucero Calderón, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), quien había denunciado la reducción de la gratificación mensual que recibían los miembros de dicho Comité. Calderón argumentó que la disminución afectaba sus derechos, pero el juez resolvió que no se le violentaron, al no demostrar un interés jurídico legítimo.
La controversia se originó en 2023, cuando el titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal impulsó una reducción en la compensación de los integrantes del Comité. Anteriormente, los miembros recibían 28 mil pesos mensuales, pero tras la revisión, dicha gratificación fue reducida a mil pesos. La Secretaría argumentó que las actividades del Comité no justificaban el monto otorgado previamente, ya que no se comprobó que realmente promovieran la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Además, destacó que los cargos son honoríficos y no empleos remunerados.
Calderón presentó el amparo en septiembre de 2023, sosteniendo que la disminución de ingresos constituía un ataque a sus derechos. No obstante, el juez concluyó que la demanda estaba basada en presunciones y no en pruebas contundentes, por lo que determinó que el titular de la Secretaría de la Contraloría no vulneró los derechos humanos de la ex integrante
La resolución también reafirma la importancia de que los entes públicos, incluido el Comité de Participación Ciudadana del SEA, deben administrar los recursos asignados con eficiencia. La Contraloría Estatal ha enfatizado que estas medidas buscan evitar el derroche de recursos y promover una mayor eficacia en el uso de los fondos públicos, alineándose con el principio de hacer más con menos.
Con esta decisión judicial, se pone en evidencia que los órganos públicos no están exentos de supervisión y que las gratificaciones otorgadas deben estar plenamente justificadas en función de las actividades realizadas.
