Onésimo Serrano, encargado de la Unidad de Planeación del gobierno de Hidalgo, reporta 111 trámites simplificados y 353 requisitos eliminados; los días 14 y 15 de octubre se definirá la ruta para aplicar un modelo nacional que busca reducir tiempos y unificar procedimientos.
Reducir requisitos, evitar vueltas innecesarias a las oficinas públicas y cerrar espacios a posibles actos de corrupción son los objetivos de la estrategia de simplificación administrativa que se impulsa en Hidalgo, donde hasta ahora se reportan 111 trámites simplificados y la eliminación de 353 requisitos en nueve entes, dependencias y municipios.
Como parte de este proceso, los próximos 14 y 15 de octubre, representantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones estarán en Hidalgo para trabajar con el gobierno estatal y los 84 municipios en la implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios.
El propósito es establecer criterios comunes sobre requisitos y tiempos de respuesta, dentro de un esquema nacional que contempla aproximadamente 300 trámites estatales y 100 municipales. Esto no significa que todos esos procedimientos ya hayan sido modificados en la entidad, sino que se definirá una ruta para su aplicación.
Durante la exposición de los avances en materia de simplificación administrativa, explicó que uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos es la falta de claridad sobre documentos, costos y plazos para realizar gestiones gubernamentales.
Esta incertidumbre, se advirtió, puede favorecer la intervención de intermediarios, cobros irregulares y decisiones discrecionales de servidores públicos.
Por ello, la estrategia plantea que cualquier persona pueda conocer anticipadamente los requisitos de un trámite, su costo oficial y el tiempo máximo de respuesta, además de contar con mecanismos para consultar el estado de su solicitud.
Preparan plataforma para pagos, trámites y denuncias
Entre los proyectos anunciados destaca la próxima entrada en funcionamiento de un ecosistema digital de trámites y servicios del estado, integrado por herramientas para consultar información, realizar pagos, gestionar procedimientos, recibir atención ciudadana y presentar quejas y denuncias.
Aunque se indicó que comenzará a operar en el corto plazo, no se precisó una fecha de lanzamiento.
La estrategia contempla también mejorar el intercambio de información entre instituciones para evitar que los ciudadanos tengan que presentar repetidamente documentos que ya obran en poder de alguna autoridad, siempre bajo condiciones legales y de seguridad.
Sin embargo, se reconoció que trasladar los trámites a plataformas electrónicas no garantiza, por sí mismo, la eliminación de prácticas de corrupción.
La digitalización deberá acompañarse de transparencia, controles internos, protección de datos personales, mecanismos de denuncia y procedimientos administrativos más sencillos.
Primero simplificar, después digitalizar
La política estatal se desarrolla sobre seis líneas de trabajo: fortalecer la coordinación institucional, dar prioridad a los trámites de mayor impacto ciudadano, simplificar procedimientos antes de digitalizarlos, mejorar la interoperabilidad, garantizar atención presencial y remota, y medir resultados.
Uno de los criterios centrales es evitar que los procedimientos burocráticos actuales simplemente se reproduzcan en una plataforma electrónica, sin resolver las dificultades que enfrentan los usuarios.
También se plantea conservar mecanismos de atención presencial para quienes carecen de acceso a internet o tienen dificultades para utilizar herramientas digitales.
Se aclaró, además, que la reforma no concentrará las atribuciones de las dependencias en una sola institución. Cada organismo continuará siendo responsable de los trámites y servicios que legalmente le corresponden, mientras que la instancia coordinadora proporcionará acompañamiento técnico y promoverá criterios comunes.
El reto: que los cambios lleguen a las ventanillas
Con la reunión prevista para esta semana, Hidalgo iniciará una nueva etapa de coordinación con las autoridades federales y municipales para avanzar en la homologación de procedimientos.
Aunque el gobierno estatal reporta avances en la eliminación de requisitos, todavía está pendiente conocer el listado completo de trámites beneficiados, los municipios involucrados y los ahorros efectivos de tiempo y dinero para la población.
La implementación del modelo nacional permitirá establecer las acciones que deberán adoptar las dependencias estatales y los ayuntamientos.
El resultado de esta política se reflejará en las ventanillas y plataformas de atención: en la reducción de documentos solicitados, los tiempos de respuesta y las visitas que los ciudadanos necesitan realizar para resolver un trámite.
