Diversos colectivos y defensores del medio ambiente en la región Tula–Tepeji reiteraron su rechazo al llamado Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo y anunciaron nuevas acciones de movilización, al señalar que el proceso de consulta impulsado por autoridades estatales no garantiza una participación ciudadana real ni el acceso a información técnica sobre el proyecto.
Durante una conferencia de prensa, representantes de organizaciones de Apaxco, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula recordaron que la región enfrenta condiciones ambientales críticas tras décadas de acumulación de distintas fuentes de contaminación.
El doctor Refugio Choreño, proveniente de Apaxco, presentó datos de investigaciones realizadas en la zona, donde confluyen sectores industriales considerados entre los más contaminantes del país y del mundo, como la refinación del petróleo y la generación de energía eléctrica. Explicó que la refinería de Tula tiene un área de influencia que puede extenderse hasta 100 kilómetros, impactando directamente a unas 500 mil personas e indirectamente a más de 20 millones, al llegar sus emisiones incluso a la Ciudad de México.
También recordó que desde la década de los noventa la industria cementera comenzó a utilizar combustibles derivados de residuos, lo que —según dijo— incrementó la emisión de compuestos altamente tóxicos. Entre los contaminantes más recurrentes en la región mencionó óxidos de azufre, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles. De acuerdo con las investigaciones citadas, la termoeléctrica aporta aproximadamente 33% del dióxido de azufre emitido por toda la industria del Valle de México.
En su intervención, el activista René Trejo expuso que varias plantas de tratamiento de aguas residuales operan sin cumplir la normatividad vigente, mientras que la descarga del Emisor Central ha profundizado la degradación ambiental en la región. A ello se suman procesos de deforestación y cambios de uso de suelo sin regulación que, afirmó, agravan un escenario ya complejo.
Los representantes concluyeron que el plazo de 12 días otorgado a la ciudadanía para analizar un proyecto de alto impacto ambiental, sanitario, social y económico no permite una deliberación informada. Por ello, llamaron a la población a mantenerse vigilante y a sumarse a las movilizaciones anunciadas para expresar su postura ante lo que consideran un proceso “apresurado, parcial e insuficientemente transparente”.
