En una sesión ordinaria con amplio consenso, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron por unanimidad la minuta enviada por la Cámara de Diputados federal que reforma la Constitución en materia de feminicidio, un tema que sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales en México.
Con 25 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, el dictamen establece que delitos como feminicidio, secuestro, desaparición y extorsión deberán contar con tipos penales y sanciones mínimas en una ley general única, con el objetivo de homologar criterios en todo el país.
Durante el debate, la diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) explicó que esta reforma busca fortalecer el marco legal para garantizar justicia a las víctimas. Sin embargo, desde tribuna también se lanzaron llamados contundentes. La legisladora Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) advirtió que ninguna ley será suficiente mientras las mujeres sigan enfrentando obstáculos para acceder a la justicia. “No estamos aquí para aplaudir, sino para responder por lo que aún no hemos podido garantizar: la vida y la seguridad de las mujeres”, expresó.
En la misma línea, Karla Perales Arrieta (MC) exigió que las autoridades actúen desde el primer indicio de violencia, y no solo cuando los casos escalan. Además, pidió no olvidar a las víctimas indirectas: hijas, hijos y familias que quedan marcadas tras un feminicidio.
Recursos y ajustes para municipios
En la misma sesión, el Congreso también aprobó diversos dictámenes enfocados en finanzas y servicios municipales:
San Agustín Tlaxiaca podrá gestionar un financiamiento de hasta 5.4 millones de pesos, destinado a obras y acciones sociales para comunidades en pobreza extrema.
Zimapán y Acatlán tendrán modificaciones en sus leyes de ingresos 2026, principalmente en cobros de servicios, permisos comerciales y derechos municipales.
En Ixmiquilpan, se autorizaron ajustes a tarifas de agua potable, incluyendo costos para regularización y contratación del servicio.
Además, se avalaron reformas para armonizar la denominación del titular de los ayuntamientos y cambios constitucionales en el Poder Judicial estatal, incluyendo la eliminación de facultades de fiscalización electoral en ciertos procesos.
Protección civil y adultos mayores, en la agenda
Otro de los puntos relevantes fue la reforma a la Ley de Protección Civil estatal, que obligará a priorizar la atención de riesgos con mayor impacto en la población, buscando una respuesta más efectiva ante desastres.
Finalmente, el Congreso emitió un exhorto a autoridades federales para reforzar acciones contra el maltrato a personas adultas mayores, promoviendo campañas de respeto, inclusión y una vida libre de violencia.
