Lo ocurrido ayer en El Nandho, Ixmiquilpan, no fue simplemente la quema de vehículos oficiales. Es el resultado de un conflicto por el suministro de agua entre El Nandho y Orizabita que, tras semanas de tensión y mesas de diálogo sin acuerdos, terminó escalando hasta la confrontación.
De acuerdo con los reportes publicados ayer, durante una diligencia ministerial relacionada con una carpeta de investigación derivada del conflicto, habitantes de El Nandho dañaron e incendiaron vehículos oficiales. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó que abrió una investigación para determinar responsabilidades.
La violencia no puede justificarse. Una diferencia sobre el derecho al agua no autoriza la destrucción de bienes públicos ni la agresión contra servidores públicos. Si hubo responsables, tendrán que responder ante la ley.
Pero tampoco debería ignorarse la otra parte del problema: ¿por qué un conflicto por un servicio básico llegó hasta este punto?
El agua es un derecho y su distribución debe resolverse con apego a la ley, pero en comunidades con una fuerte organización social también se necesita capacidad política para construir acuerdos antes de que intervenga la fuerza pública.
Lo ocurrido en El Nandho deja una lección para las autoridades: no basta con intervenir cuando el conflicto ya explotó. Se necesita prevenir, escuchar y generar soluciones que sean jurídica y socialmente sostenibles.
Hoy corresponde investigar los hechos, deslindar responsabilidades y, al mismo tiempo, recuperar el diálogo entre las comunidades.
Porque detrás de los vehículos quemados sigue existiendo el problema original: dos comunidades enfrentadas por el agua y una autoridad obligada a encontrar una solución antes de que el conflicto vuelva a escalar.
