El cierre de registros de Morena para los siete distritos federales de Hidalgo dejó al descubierto una disputa que va mucho más allá de las candidaturas. Hay legisladores que buscan reelegirse sin tener asegurado el respaldo de sus propios grupos, aliados que podrían perder posiciones consideradas suyas y personajes que apuestan a sus relaciones nacionales para abrirse paso. La verdadera batalla no está solamente entre quienes se inscribieron, sino entre quienes tienen capacidad para decidir.
Y ahí está el punto central: el poder de negociación de los liderazgos hidalguenses frente a una dirigencia nacional que tendrá la última palabra.
El registro de aspirantes movió piezas que parecían acomodadas. Ahora comienza la disputa por siete posiciones que también definirán el peso de los grupos políticos y los acuerdos con los partidos aliados rumbo a 2027.
El Distrito 7, con cabecera en Tepeapulco, concentra uno de los conflictos más delicados. Durante años ha formado parte de los acuerdos con Nueva Alianza y el magisterio. Hoy, la incorporación de Susana Ángeles Quezada introduce una variable que amenaza con modificar ese reparto. Su cercanía política con Citlalli Hernández, figura de influencia nacional, es uno de los factores que alimentan las versiones sobre un posible cambio de manos.
La actual diputada Mirna Rubio Sánchez también busca continuar. Sin embargo, su aspiración enfrenta cuestionamientos sobre el respaldo que conserva dentro de las estructuras magisteriales. Si Morena decide modificar el acuerdo, el problema no será únicamente quién obtenga la coordinación, sino qué recibirá Nueva Alianza a cambio de una posición que consideraba parte de su espacio político.
En el Distrito 2, con cabecera en Ixmiquilpan, la negociación involucra al Partido Verde. Lisset Marcelino Tovar aparece entre los perfiles vinculados al entorno político del senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, personaje relevante en la relación entre Morena y los ecologistas en Hidalgo. La discusión será si el PVEM conserva una posición que actualmente ocupa Cira Yamile Salomón Durán o si el reparto de espacios vuelve a modificarse.
La participación de Marisol Ortega López, presidenta del Consejo Estatal de Morena, también merece atención. Su trayectoria partidista y sus vínculos con el grupo Universidad colocan su registro dentro de una negociación más amplia. Las versiones que la ubican en una eventual posición del Congreso local, sin embargo, siguen siendo parte de las especulaciones políticas y no de acuerdos confirmados.
En Tulancingo, Distrito 4, Alma de la Vega Sánchez busca mantenerse en la representación federal, aunque se le cuestiona por un nulo trabajo en la región. Frente a ella aparecen Andrés Soto y Carlos Arozqueta Solís, en una disputa donde la continuidad legislativa deberá medirse con las aspiraciones de quienes pretenden incorporarse a San Lázaro.
Más significativa resulta la situación del Distrito 5, en Tula. Miguel Ángel Tello Vargas dejó la administración estatal y se incorporó al proceso interno de Morena, incluso al principio también se especulo que sería por el Distrito 6. La coincidencia de ambos movimientos abrió interrogantes sobre posibles acuerdos con el grupo gobernante. Su participación frente a la aspiración de Viridiana Cornejo permitirá observar cuánto margen tiene el poder estatal para colocar perfiles propios en la negociación federal.
Actopan, Distrito 3, presenta otra confrontación de intereses. Tatiana Ángeles Moreno busca continuar, mientras Imelda Cuéllar Cano, alcaldesa del municipio, aparece entre los perfiles del proceso. La primera mantiene relaciones políticas nacionales, particularmente con Alfonso Ramírez Cuéllar y Marcelo Ebrard; la segunda cuenta con una plataforma de gobierno municipal. El contraste coloca frente a frente dos formas de construir influencia: las conexiones nacionales y la operación territorial.
En Huejutla, Distrito 1, José Alfredo San Román Duval y Daniel Andrade Zurutuza figuran entre los nombres que entran a la disputa. Las versiones sobre una posible distribución de posiciones federales y locales revelan que las negociaciones pueden ir más allá de una sola candidatura, y la persidencia municipal podría en este contexto, quedar en manos de una mujer, aunque todavía no existen definiciones públicas que permitan darlas por cerradas.
Pachuca, Distrito 6, tampoco está resuelto. Ricardo Crespo Arroyo pretende reelegirse, pero enfrenta la aspiración de Tania Meza Escorza, fundadora de Morena y diputada local con trayectoria política y relaciones nacionales. El resultado será una referencia importante para conocer cuánto pesa la condición de legislador en funciones frente a los vínculos partidistas construidos fuera del estado.
Las siete disputas tienen un elemento común: los registros son apenas el primer filtro. Falta la valoración de perfiles, las encuestas que correspondan y, sobre todo, las decisiones que permitan conciliar intereses que hoy no necesariamente coinciden.
La Comisión Nacional de Elecciones deberá definir los registros aprobados conforme a los plazos establecidos. Pero más allá del procedimiento formal, el proceso pondrá a prueba la capacidad de los grupos de Hidalgo para defender sus posiciones, negociar con los aliados y hacer valer sus acuerdos ante la conducción nacional.
La pregunta no es solamente quién llegará a San Lázaro en 2027, sino quién tendrá suficiente influencia para intervenir en esa decisión.
Porque en Morena Hidalgo se está disputando algo más que siete candidaturas: se está definiendo quién tiene poder para negociar y quién deberá aceptar lo que se decida desde el centro.
