Hay agresiones que dejan huellas en el cuerpo y otras que dejan cicatrices más profundas. María de la Paz Roldán García sufrió ambas. La primera vino de manos de quienes intentaron impedir su labor periodística. La segunda, de la indiferencia de quienes debieron acompañarla desde el primer momento.
La violencia ejercida por elementos de seguridad privada hacia ella y su compañero camarógrafo Danilo Badillo Ayala, durante la cobertura de una manifestación en Pachuca constituye, por sí sola, un hecho condenable. Ningún periodista debería ser golpeado por documentar acontecimientos de interés público. Sin embargo, tan importante como la agresión misma es analizar lo que ocurrió después.
Lo que ha generado inquietud dentro del gremio periodístico no es únicamente el ataque, sino la aparente indiferencia institucional que siguió a los hechos. La reportera agredida no recibió una respuesta inmediata de quienes tenían la responsabilidad de respaldarla: sus jefes.
De acuerdo con diversas versiones, el director del Sistema, Carlos Patricio Barra Moulaín, tenía conocimiento de la situación, pero no hubo acercamiento, gesto de apoyo, acompañamiento, o solidaridad. Vamos… ni un saludo.
La asistencia jurídica tampoco llegó de manera inmediata. Fue hasta que compañeros, periodistas, comunicadores y distintos sectores expresaron públicamente su indignación y solidaridad cuando comenzaron a activarse mecanismos de atención.
Ese hecho no es menor.
Porque deja abierta una pregunta incómoda: ¿la protección de una trabajadora agredida fue producto de una convicción institucional o resultado de la presión pública? La diferencia es fundamental. Una institución comprometida con sus trabajadores actúa por principio; una que reacciona únicamente ante el cuestionamiento externo corre el riesgo de transmitir que la solidaridad es opcional.
Pero el asunto va más allá de una falla administrativa.
Cuando una mujer periodista es ignorada después de haber sufrido una agresión en el ejercicio de su profesión, el problema adquiere una dimensión de género. Y más grave aún resulta que compañeros varones que se solidarizan, terminan por ser reprendidos o amenzados por sus jefes.
Y esto refrenda que las mujeres en el periodismo no enfrentan únicamente los riesgos inherentes a la cobertura informativa. También cargan con una historia de discriminación, invisibilización, hostigamiento y cuestionamientos.
En vísperas del Día de la Libertad de Expresión, la reflexión es obligada. Las instituciones públicas de comunicación tienen una responsabilidad doble: defender el derecho de la sociedad a estar informada y proteger a quienes hacen posible ese derecho todos los días. Y cuando una de sus trabajadoras es agredida mientras cumple con su deber, la respuesta no puede ser la distancia, la demora o el silencio.
La pregunta no es únicamente por qué ocurrió la agresión. La pregunta es por qué una periodista que sufrió violencia en el ejercicio de sus funciones tuvo que esperar a que otros levantaran la voz para recibir la atención que merecía desde el primer momento.
La libertad de expresión se defiende en las calles, donde reporteros y camarógrafos documentan la realidad. Pero también se defiende en las oficinas, donde los directivos deciden si acompañan a sus trabajadores en los momentos difíciles o si optan por mirar hacia otro lado.
Porque cuando el respaldo institucional llega después de la presión pública, algo ha fallado. Y cuando el silencio precede a la solidaridad frente a la agresión de una mujer periodista, ese silencio también tiene género.
