El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó el dictamen para el decreto que permitirá la creación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en todo el territorio estatal, como autoridades de primer contacto, dotadas de autonomía técnica y operativa, con el objetivo de garantizar una atención más rápida, directa y eficaz ante casos de vulneración de derechos.
La medida, contempla un rediseño institucional de fondo para superar las limitaciones del modelo actual y fortalecer la capacidad del Estado en la restitución de derechos de la infancia. Con ello, se busca mejorar la eficacia administrativa, asegurar la proximidad con la ciudadanía y responder con mayor oportunidad a situaciones de riesgo.
Con fundamento en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, la comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, en la voz de la diputada Lizbeth Iraís Ordaz, expuso que esta reforma responde a una insuficiencia normativa y operativa previamente identificada, cuya corrección constituye una obligación de carácter constitucional y convencional.
Las iniciativas que dieron origen al dictamen fueron presentadas en meses recientes por el diputado Andrés Velásquez, junto con diversas legisladoras y legisladores, y contaron con la adhesión prácticamente total de los integrantes de la legislatura. Estas propuestas están orientadas a reforzar las medidas de protección y restitución de derechos, así como a fortalecer a la Procuraduría Estatal de Protección.
El análisis técnico, realizado en coordinación con el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso y áreas especializadas del Poder Ejecutivo, determinó que las propuestas son viables y se encuentran alineadas con el principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4º de la Constitución federal.
Asimismo, el dictamen encuentra sustento en el artículo 115 constitucional, que faculta a las legislaturas locales a establecer bases de organización administrativa municipal cuando el objetivo es garantizar derechos humanos, sin que ello implique una vulneración a la autonomía de los municipios.
El documento también se articula con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consolidando un modelo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
El diagnóstico que sustenta la reforma advierte que el esquema actual presenta limitaciones estructurales, entre ellas la existencia de solo 16 procuradurías regionales para atender a los 84 municipios, lo que ha generado saturación institucional, dispersión de competencias y retrasos en la atención de casos.
En este contexto, el Congreso de Hidalgo busca establecer un modelo más eficiente y cercano, que permita atender con mayor diligencia las problemáticas que enfrenta la niñez y adolescencia en la entidad.
