La Contraloría del Estado concluyó exitosamente el periodo 2025 para la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses con un cumplimiento histórico del 99.7% de los servidores públicos obligados, superando los registros de años anteriores: 99.63% en 2024 y 99.3% en 2023. Esta cifra confirma que el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas no solo se mantiene, sino que continúa fortaleciéndose.
De los 79,024 servidores públicos obligados, 78,748 presentaron su declaración en tiempo y forma, mientras que solo 276 resultaron omisos. De estos, 250 pertenecen a la Secretaría de Educación, 25 a Salud y uno al CECYTEH. Cabe destacar que el resto de las dependencias y organismos logró el 100% de cumplimiento, reafirmando el alto nivel de responsabilidad institucional.
Las dependencias con mayor número de declaraciones patrimoniales presentadas fueron encabezadas por la Secretaría de Educación, con 42,936 informes; seguida por la Secretaría de Salud (6,893), Seguridad Pública (2,916), la Procuraduría (2,293) y la Policía Industrial Bancaria (2,301).
Municipios destacan, pero aún hay rezagos
En el ámbito municipal, el avance también fue notable. De 26,066 sujetos obligados, se registró la presentación de 27,720 declaraciones, lo que incluye declaraciones acumuladas o extemporáneas que regularizaron su situación. 38 ayuntamientos alcanzaron el 100% de cumplimiento, entre ellos Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma y Tula de Allende.
Sin embargo, persisten rezagos: 1,654 funcionarios públicos municipales no cumplieron con su obligación, incluyendo 11 presidentes municipales. Entre ellos, destaca el caso del alcalde de Tianguistengo, actualmente bajo investigación por su evolución patrimonial.
Sanciones y procedimientos en curso
El Contralor Álvaro Bardales informó que los servidores públicos omisos serán sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a lo estipulado por la ley. De persistir la omisión, se procederá a anular sus nombramientos o contratos e incluso inhabilitarlos de tres meses a un año para ejercer cargos públicos.
Durante 2024, la Contraloría del Estado ingresó 431 expedientes por omisos y extemporáneos en la presentación de declaraciones patrimoniales, y emitió 236 resoluciones administrativas, entre las cuales destacan 28 inhabilitaciones.
“La gravedad de la sanción dependerá de factores como la reincidencia, la jerarquía del servidor, el impacto del incumplimiento y la intencionalidad”, explicó Bardales.
Transparencia sin excepciones
La Contraloría reconoció públicamente el esfuerzo institucional de los servidores públicos que cumplieron en tiempo y forma, y exhortó a los pocos rezagados a regularizar su situación cuanto antes, para evitar las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
“El compromiso con la legalidad debe ser permanente. La transparencia no admite excepciones: hoy más que nunca, quienes ejercen funciones públicas deben rendir cuentas con responsabilidad, para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir actos de corrupción”, concluyó el contralor.
