La frase fue contundente: “en Hidalgo no se criminaliza a nadie”. Sin embargo, el cumplimiento de una orden judicial vinculada al conflicto legal de la Cooperativa Cruz Azul dejó 33 personas aseguradas, dos vinculadas a proceso y un operativo que volvió a colocar a la región en el foco público.
El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, informó que el 11 de febrero la dependencia recibió una solicitud de colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para levantar el aseguramiento del inmueble ubicado en Tula de Allende y devolver de inmediato las instalaciones, en cumplimiento de la sentencia relacionada con la cementera.
La orden judicial 40-2026 fue ejecutada el 12 de febrero mediante un despliegue ministerial y policial. Durante la diligencia, 33 personas fueron puestas a disposición de la autoridad estatal, lo que derivó en audiencias iniciales celebradas durante el fin de semana.
De acuerdo con datos oficiales, dos de los asegurados fueron vinculados a proceso por portación de armas de fuego y narcomenudeo, quedando en prisión preventiva justificada. El proceso continuará el próximo 19 de febrero, mientras se define su situación jurídica.
Fernández Hasbun insistió en que las actuaciones se realizaron con sustento probatorio y dentro del marco legal, subrayando que la coordinación entre entidades ha sido constante. Tan solo en 2025 se registraron 10 mil 845 colaboraciones entre fiscalías, y en lo que va de 2026 la cifra alcanza 14 mil 7, lo que refleja —dijo— un trabajo conjunto para cumplir mandatos judiciales.
El operativo, que combinó la devolución del inmueble con la puesta a disposición de decenas de personas, abre un nuevo capítulo en el caso Cruz Azul y mantiene el tema como asunto de interés público en Hidalgo, donde la legalidad de los procedimientos y la seguridad en instalaciones estratégicas continúan bajo escrutinio ciudadano.
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