Personal ministerial adscrito a la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, probó ante la autoridad judicial la plena responsabilidad de una persona que fue investigada por hechos que la ley sanciona como feminicidio; el responsable fue sentenciado a 37 años de prisión.
El 14 de diciembre de 2022, en las inmediaciones de la mina Balastra, ubicada en la localidad de San Antonio Oxtoyucan, en Zempoala, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, razón por la que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició las indagatorias correspondientes.
Derivado del hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, instancia que comenzó las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. De los datos de prueba de los que se allegó esta representación social se estableció la probable responsabilidad de una persona identificada con iniciales L. C. I.
El Ministerio Público solicitó a un juez penal la orden de aprehensión contra la persona investigada y una vez concedido dicho mandamiento judicial, fue ejecutado por personal de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH.
La persona aprehendida fue puesta a disposición de un juez de control, quien con base en la formulación de la imputación dictó el auto de vinculación a proceso por feminicidio.
Una vez agotadas todas las etapas del proceso penal, esta representación social obtuvo de un tribunal de enjuiciamiento sentencia condenatoria de 37 años y seis meses de prisión para L. C. I.
