Una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa se impondrá a quien por sí o por interpósita persona adquiera, administre, posea, deposite, transporte o transfiera valores o bienes de procedencia ilícita, contempla la iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal estatal, presentada conjuntamente por la diputada Lisset Marcelino Tovar y Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Estado Hidalgo (PGJEH).
Lisset Marcelino y Santiago Nieto, en conferencia de prensa realizada en la sala Constituyentes del recinto Legislativo, explicaron que los delitos de operaciones con procedencia ilícita han tenido un importante crecimiento en el país, en la medida que los delitos que generan recursos se han incrementado dado que una gran parte de los delitos tiene como finalidad la obtención de recurso.
Indicaron que el lavado o blanqueo permite disfrazar e origen ilegal de los recursos, logrando que el beneficiario final disfrute de dichos recursos que adquirieron apariencia de legalidad, por lo que las modificaciones propuesta en la iniciativa que en breve será sometida a la consideración del Pleno del Congreso estatal, buscan combatir las estructuras patrimoniales, económicas y financieras de los grupos criminales, ya que las ganancias que éstos obtienen y su introducción en el sistema financiero, permite el fortalecimiento de sus estructuras y capacidades delictivas.
Añadieron que la iniciativa también busca dotar de una herramienta jurídica que dé sustento al actuar de las instituciones estatales para realizar la investigación y combatir el delito de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que permitirá a la Entidad recabar evidencia oportuna de la comisión del ilícito, teniendo en consideración las características y problemáticas sociales y culturales propias de Hidalgo.
Nieto Castillo detalló que en lo que se refiere a las instancias vinculadas a la investigación de delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita existe a nivel estatal la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, cuyo objetivo es lograr una mayor eficiencia en la investigación y persecución de los tipos penales relacionados mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Comentó que el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no se encuentra tipificado en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, siendo uno de las pocas entidades federativas que aún no han tipificado esta conducta junto con Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
También, la iniciativa incorpora agravantes para el caso de que la conducta ilícita sea realizada por servidores públicos, en cuyo supuesto se harían acreedores a sufrir inhabilitación para ocupar empleos, cargos, o comisiones públicas, y también para quien, para la realización de conducta, se sirva de menores de 18 años de edad, personas que no tienen capacidad para comprender.
Asimismo, la propuesta de iniciativa considera la pertinencia de crear dentro de la PGJEH, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que deberá abocarse a la investigación de estos delitos y de las denuncias que se presenten al respecto.
