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Observan más de 22 millones de pesos en primera entrega de auditorías 2024; municipios concentran irregularidades

El Congreso del Estado de Hidalgo recibió de la Auditoría Superior del Estado (ASEH) la primera entrega de auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2024, revelando observaciones por un total de 22 millones 436 mil 996.60 pesos, principalmente en municipios y organismos descentralizados.

Durante el acto oficial, el presidente de la Comisión Inspectora de la ASEH, diputado Andrés Velázquez Vázquez, refrendó el compromiso del Poder Legislativo con la rendición de cuentas y la transparencia institucional. “La fiscalización no culmina con un informe; es un proceso vivo que exige responsabilidad y seguimiento”, subrayó el legislador.

Por su parte, el auditor estatal Jorge Valverde Islas detalló que la mayor parte de las inconsistencias financieras corresponden a 14 municipios, encabezados por Huehuetla con 6.1 millones de pesos observados y Tulancingo de Bravo con poco más de 2 millones. En el ámbito estatal, también figuran entes como el Instituto Estatal Electoral (937 mil pesos), la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México (490 mil pesos), y el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca, con cerca de 2.5 millones pendientes de aclaración.

El informe incluye un total de 78 auditorías concluidas: 37 financieras, 37 de cumplimiento y 4 de inversiones físicas. Como resultado, se emitieron 190 pliegos de observaciones y 368 recomendaciones. A la fecha, ya se han recuperado 674 mil 899.66 pesos para la Hacienda Pública, aunque esa cifra podría aumentar conforme avancen los procesos de solventación.

El análisis evidencia que los municipios concentran más del 60% del monto observado (13.7 millones), lo que —según Valverde Islas— pone en relieve la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en el ámbito local y descentralizado.

Con esta entrega, el Congreso estatal da continuidad a los procesos de vigilancia y seguimiento del uso de recursos públicos, con el objetivo de prevenir irregularidades y garantizar una gestión más eficiente y transparente.

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