A pesar de los avances en favor de la comunidad LGBTIQ+, persisten retos. Ejemplo de ello es la elevada discriminación hacia sus integrantes. Con base en datos de la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (INEGI, 2017), más de 50 por ciento de los encuestados no están de acuerdo con que sus hijos se casen con una persona del mismo sexo, y ese mismo porcentaje tampoco permitiría que contraigan matrimonio con una persona con VIH (infección generalmente asociada a varones con prácticas homoeróticas).
En este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia y el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el reto más importante que enfrentan esas comunidades es un cambio cultural.
El 17 de mayo de 1990 la homosexualidad fue retirada del catálogo de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Gracias al activismo LGBTIQ+ se reconoce que las personas no tienen algún padecimiento, sino que toman una decisión de vida y forman parte de la diversidad de la humanidad. Hasta 2004 la Organización de las Naciones Unidas decidió dedicar un día al tema, conmemorar la lucha contra la LGBTIQ-fobia y erradicar las prácticas de odio.
La fobia tiene que ver con miedo irracional a algo, a un acontecimiento o persona. Por ello hay quienes están en desacuerdo con esa actitud hacia los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales.
Existen registros de Grecia y Roma antiguas, esculturas, pinturas, vasijas, donde están plasmadas prácticas homoeróticas, incluso multitudinarias. Pero esto se convierte en un problema, socialmente hablando, hasta el siglo XIX, en particular en 1870 cuando la homosexualidad se crea como una categoría psiquiátrica.
Aunque no fue el caso de México, en numerosos países la homosexualidad fue considerada un delito. En Ecuador y Colombia hace menos de 40 años que ya no forma parte de los códigos penales. Sin embargo, en otros seis de Asia y África, como Sudán y Arabia Saudita, todavía se castiga con pena de muerte (regularmente decapitación), señala el experto.
En nuestra nación, de acuerdo con la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, en 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBTI+ (55 de ellas de mujeres trans) por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género, pero la cifra real podría ubicarse en 179 homicidios.
México ocupa el segundo lugar, solo después de Brasil, donde más transfeminicidos se registran. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en 2015 donde indicó que la esperanza de vida de ese sector de la población en el territorio nacional es de sólo 35 años, alerta Torres Cruz.
Luego de décadas de activismo, en México las personas del mismo sexo se pueden casar en cualquier entidad y, en numerosos casos, adoptar, con el único requisito de ser mayores de 18 años.
Además, en al menos 14 estados (Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala) hay legislaciones en términos de identidad de género, las cuales permiten que las personas trans modifiquen sus documentos mediante un trámite administrativo. De esta manera quedó superado el arduo proceso, discriminatorio y vejatorio de sus derechos humanos, para hacer legal el cambio de nombre y género.
En 2020 la Secretaría de Salud federal emitió un protocolo para la atención de las problemáticas de salud de la comunidad LGBTIQ+ sin discriminación, y los avances son notables. También es probable que, en los próximos años, se tenga en la credencial de elector las opciones de asumirse como mujer, hombre o persona no binaria.
