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Incumplen 11 alcaldes de Hidalgo con declaración patrimonial; “Debe ser pública”, advierte Contraloría

Once presidentes municipales de Hidalgo incumplieron con la presentación de su declaración patrimonial de modificación 2025, informó este lunes el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales. El plazo para cumplir con esta obligación venció el pasado 31 de mayo, y aunque algunos ediles alegan haber entregado el documento en físico, no lo subieron a la plataforma oficial, por lo que oficialmente siguen como omisos.

Durante una rueda de prensa, el contralor fue enfático: “La obligación no es solo presentarla, sino hacerla pública. Si no está disponible para la ciudadanía, no se está cumpliendo con la ley”, sostuvo.

Entre los alcaldes señalados se encuentran:

  • Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña (Ajacuba)
  • Danay Saraí Ángeles Hernández (Santiago de Anaya)
  • Marisol Prieto Avendaño (Tecozautla)
  • Enrique Adrián Estrada Cortés (Tetepango)
  • Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz (Tula de Allende)
  • Tania Valdez Cuéllar (Tepeji del Río)
  • María Yanet Fernández Fernández (Santiago Tulantepec)
  • Febronio Rodríguez Villegas (Tianguistengo)
  • Nhur Amira Ponce Núñez (Chapulhuacán)
  • Erick José Ramírez Montaño (Xochicoatlán)
  • Gabino Hernández Vite (Tlanchinol)

El secretario explicó que presentar el formato en papel no es suficiente, ya que la normativa exige que las declaraciones se realicen y publiquen a través del sistema digital habilitado por la Secretaría de la Función Pública. “El procedimiento es claro. Si no está en la plataforma, no cuenta”, recalcó.

A pesar de este incumplimiento municipal, Bardales destacó los avances en el ámbito estatal, donde el Poder Ejecutivo cerró con un 99.65% de cumplimiento, una cifra que calificó como un “avance sustantivo” en materia de transparencia y rendición de cuentas.

La Contraloría no descartó posibles sanciones administrativas a los ediles que no subsanen la omisión, e hizo un llamado a todos los servidores públicos a cumplir cabalmente y con transparencia sus obligaciones patrimoniales.

“La transparencia no puede ser opcional. Es un deber ante la ciudadanía”, concluyó el contralor.

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