El estado de Hidalgo se encuentra en un momento crucial que marcará su rumbo político y social en los años por venir. Dos temas dominan la agenda: el proceso de revocación de mandato y una serie de proyectos de gran envergadura destinados a transformar la región. Ambos, aunque aparentemente disímiles, reflejan la necesidad de una gobernanza comprometida con las demandas ciudadanas y con la sustentabilidad.
Revocación de mandato
El gobernador Julio Menchaca Salazar ha confirmado que el proceso de revocación de mandato podría llevarse a cabo hacia finales de este año. Este mecanismo, contemplado por la Ley de Revocación de Mandato de Hidalgo, es un instrumento democrático que permite a los ciudadanos evaluar la gestión del titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, su implementación no es automática: se requiere la recolección de 236 mil firmas, equivalentes al 10% de los electores registrados en la entidad, un reto logístico y político considerable.
La revocación de mandato promete fortalecer la participación ciudadana, pero también puede convertirse en un arma política en manos de grupos de interés. La clave estará en garantizar un proceso transparente y equitativo, que verdaderamente refleje el sentir de los hidalguenses.
Transformación hídrica y ambiental: una visión a largo plazo
Mientras tanto, el gobierno de Hidalgo enfrenta retos monumentales en el ámbito ambiental y de infraestructura. El Plan Nacional Hídrico tendrá una inversión inicial de más de 2 mil millones de pesos, y priorizará el revestimiento de canales en zonas afectadas por la sequía, como Tula y Alfajayucan, y se buscará garantizar el acceso al agua potable en comunidades marginadas.
Este proyecto no solo responde a una necesidad urgente, sino que también sienta las bases para un desarrollo más equitativo.
Hacia una economía circular y un futuro sostenible
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado proyectos ambiciosos para Tula, una región históricamente golpeada por la contaminación. La reconversión de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar con gas natural y el saneamiento del río Tula son pasos fundamentales hacia una transición ecológica. Estas iniciativas, junto con la construcción de un Centro de Economía Circular y un hospital del IMSS, podrían redefinir la dinámica ambiental y social de la región.
Sin embargo, estas promesas deben enfrentarse a la realidad de la ejecución. La reconversión de las plantas y el saneamiento del río Tula no solo requieren recursos financieros, sino también un compromiso político firme y una coordinación efectiva entre niveles de gobierno.
El futuro de Hidalgo dependerá de un equilibrio delicado entre democracia participativa y políticas públicas sostenibles. Si el gobierno y la ciudadanía logran avanzar juntos, este puede ser el inicio de un capítulo prometedor para la entidad.
