Una cadena de omisiones, negligencia y falta de responsabilidad institucional por parte de exfuncionarios municipales ha derivado en un golpe financiero para el Ayuntamiento de Epazoyucan, que se vio obligado a pagar 3.5 millones de pesos para evitar un embargo derivado de un litigio iniciado en 2016.
Así lo informó el actual presidente municipal Carlos Montaño Rodríguez, de extracción morenista, en rueda de prensa celebrada este 10 de junio, donde detalló el contexto de este caso que arrastra más de siete años de irregularidades por parte de anteriores administraciones.
Convenio ignorado, consecuencias millonarias
Según explicó Montaño, el origen del conflicto legal se remonta a noviembre de 2016, cuando el entonces presidente municipal Raúl Armando Padilla Islas (PAN) firmó un convenio con ejidatarios de San Juan Tizahuapan, particularmente con el ciudadano Alfredo Ramos López, para la reubicación de una propiedad afectada por la ampliación del acceso principal al municipio.
El acuerdo fue firmado ante el juez conciliador municipal y debidamente autorizado, sin embargo, fue completamente incumplido por Padilla Islas. Tampoco recibió atención durante las administraciones posteriores encabezadas por Omar Padilla Palacios (titular del Concejo Municipal entre septiembre y diciembre de 2020 y actual regidor), así como por los priistas Fidel Arce Santander y Luis Antonio Montiel Castelán.
La omisión de estos exfuncionarios provocó que el afectado iniciara un juicio (expediente 789/2022), el cual derivó en una sentencia condenatoria en firme contra el municipio, obligándolo a cumplir con la reubicación de la propiedad, el pago de daños y perjuicios, además de gastos procesales, con un total superior a 4.5 millones de pesos.
Negligencia sin defensa: el municipio nunca respondió la demanda
Uno de los aspectos más graves señalados por el actual edil es que, pese a estar notificados, los exalcaldes involucrados no contestaron la demanda, no ofrecieron pruebas ni impugnaron la sentencia, la cual se volvió definitiva en abril de 2023 y ejecutoria dos meses después.
“Es un caso de abandono total de la defensa legal del municipio. La administración actual ha tenido que asumir las consecuencias de este litigio sin deberla ni temerla”, afirmó Montaño.
Para evitar un embargo que pondría en riesgo el patrimonio municipal, el alcalde logró un acuerdo con el afectado, quien aceptó una compensación reducida de 3.5 millones de pesos.
Revisión legal y cero tolerancia a la impunidad
Ante este quebranto, el gobierno de Montaño ha iniciado una revisión jurídica exhaustiva del caso y evalúa la posibilidad de iniciar acciones legales y administrativas contra los exservidores públicos involucrados, por las omisiones que propiciaron el daño patrimonial.
Además, recordó que algunos de los mencionados, como Fidel Arce Santander, ya enfrentan señalamientos judiciales, y en su caso, permanece en prisión por presuntos vínculos con la llamada “Estafa Siniestra”.
Epazoyucan busca justicia y estabilidad
Montaño Rodríguez reiteró su compromiso con un gobierno eficiente, transparente y con cero tolerancia a la impunidad. También reafirmó su determinación por rescatar la estabilidad financiera del municipio, deteriorada por años de mala gestión.
“Epazoyucan avanza con responsabilidad y justicia. Estamos demostrando que sí se puede gobernar con honestidad y resultados”, concluyó el alcalde, representante de la Cuarta Transformación en el municipio.
