El pasado 20 de enero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad publicó el instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y Víctimas, en el cual, se identifica la incidencia del fuero común de los delitos cometidos por servidores públicos en 2024.
La entidad federativa con mayor número de denuncias fue la Ciudad de México con 4,278 seguida por el Estado de México con 3,748 y Nuevo León con 2,576, el estado de Hidalgo se ubica en el lugar número 11 con 527 denuncias, los municipios que no dieron tregua a la impunidad y detectaron mayor número de delitos fueron:
- Pachuca con 153
- Mineral de la Reforma con 30
- Ixmiquilpan con 29
- Tizayuca con 26
- Actopan y Tula 21
- Atotonilco el Grande y Huichapan con 18
- Tlaxcoapan con 15; entre otros.
En un esfuerzo por consolidar un gobierno más honesto y transparente, la Contraloría brindó acompañamiento y asesoría a los municipios para la presentación de al menos 44 denuncias por hechos de corrupción relacionados principalmente con la ejecución de obras públicas.
En materia de responsabilidad administrativa se recepcionaron 494 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa en los cuales se documentan presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares, con pruebas y fundamentos legales que permiten determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones. La imposición de sanciones administrativas se realiza con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los involucrados, lo cual garantiza imparcialidad y legalidad en cada caso.
Con estas acciones, el Contralor Álvaro Bardales, mantiene su compromiso para el combate frontal a la corrupción desde el ámbito administrativo y penal, para responder a los intereses de la ciudadanía con honestidad y eficiencia.
Los esfuerzos por mantener la coordinación constante con los municipios y la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos pone de manifiesto la intención del Gobierno de Julio Menchaca para fortalecer la vigilancia del ejercicio gubernamental y garantizar que los servidores públicos actúen con integridad y responsabilidad en beneficio de la sociedad, sin dar pauta para la impunidad, ningún hecho de corrupción se quedará sin denunciar.
