La Contraloría continúa con el fortalecimiento en los mecanismos de control y vigilancia en el actuar de las personas servidoras públicas, al sancionar conductas que, aunque no graves, representan un incumplimiento de los principios fundamentales del servicio público.
Las faltas administrativas no graves abarcan aquellas acciones u omisiones que afectan el correcto funcionamiento de las instituciones y la confianza ciudadana, sin llegar a constituir un daño de gran magnitud. Sin embargo, la ley contempla sanciones específicas que buscan corregir y prevenir estas conductas.
Entre las sanciones que puede imponer la autoridad resolutora de la Contraloría se encuentran la amonestación pública o privada, la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, la destitución del puesto y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo determinado.
El procedimiento sancionador se realiza a través de un proceso administrativo formal, en el que se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa de la persona implicada. Durante este proceso, se lleva a cabo una audiencia inicial, se presentan pruebas, se escuchan las alegaciones y finalmente se emite una resolución.
Hasta la fecha, la Contraloría impuso un total de 180 sanciones administrativas: 150 amonestaciones, 18 inhabilitaciones, 11 suspensiones y una destitución. Estas acciones forman parte del compromiso institucional con la legalidad y la mejora continua en el servicio público.
Con estas medidas, el Contralor Álvaro Bardales, busca consolidar una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, en línea con los principios de transparencia y buen gobierno que rigen la administración pública estatal.
