El Gabinete de Seguridad del Estado de Hidalgo, encabezado por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, informó sobre los recientes disturbios en la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en la región de Tula, calificando la situación como un conflicto entre particulares. Aunque el gobierno estatal se mostró interesado en una pronta solución, aclaró que su papel es como mediador y no puede emitir juicios directos.
Durante los disturbios, cuerpos policiales detuvieron a 120 personas involucradas en un intento de toma de la planta cementera por parte de individuos armados provenientes del Estado de México. Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública, indicó que la oportuna respuesta de las fuerzas del orden, tras una llamada al 911, permitió restaurar el orden alrededor de las seis de la mañana.
Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes, y los detenidos enfrentarán el proceso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Además, se ha reforzado la seguridad en las inmediaciones de la planta para garantizar la protección de los residentes de la zona.
Raúl Serret Lara, coordinador general Jurídico del Estado, subrayó que el conflicto entre las facciones de la cooperativa ha generado violaciones a los derechos laborales, y reiteró que las expulsiones unilaterales sin autorización de una asamblea general son ilícitas.
El gobierno de Hidalgo reafirmó su compromiso de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, mientras continúan las gestiones para alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas.
