Con decisión, honestidad, y transparencia en el uso eficiente de los recursos, la Secretaría de Contraloría, a cargo de Álvaro Bardales, compareció ante los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.
Como parte de la glosa del primer informe del gobernador Julio Menchaca Salazar, el servidor público informó sobre los avances y resultados obtenidos durante el último año.
Consciente de que la corrupción tiene un elevado costo económico que los ciudadanos no deberían pagar; frente a los legisladores, autoridades y representantes ciudadanos, Bardales Ramírez puntualizó que, con reestructuración administrativa, perfiles profesionales adecuados, compromiso, así como sentido de pertenencia laboral, se contribuye al progreso y desarrollo de la entidad.
Durante el primer año, la dependencia trabajó de manera estrecha con la Auditoría Superior de la Federación, y desde los primeros días, los esfuerzos se centraron en aclarar el destino de 4 mil 039 millones de pesos; toda vez que a través del Sistema de Consulta Pública, se solventaron 119 millones, y con su área jurídica para la investigación o en su caso, el resarcimiento del recurso.
De la fiscalización a la Cuenta Pública 2021 con la Auditoría Superior de la Federación, se ejecutaron 20 auditorías (16 presenciales y 4 por medios electrónicos), de las cuales se determinaron observaciones por 554 millones que se encuentran en proceso de atención.
Se ejecutaron 150 auditorías; 65 realizadas por Despachos Externos, 12 por la Dirección de Auditorías, 21 auditorías a obra pública, 25 auditorías convenidas con la Función Pública y 27 auditorías a municipios, estas últimas incluyen los recursos del gasto extraordinario ministrado en 2021 y 2022. De las 21 auditorías a obra pública, su mayoría deriva de la atención a las peticiones recibidas en audiencias del gobernador.
La Contraloría dio atención a quejas ciudadanas para la verificación documental y física de obras en diversas regiones; cumpliendo así con el compromiso de transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo con escuchar y atender los reclamos de la sociedad.
En materia de normatividad, se recibió un Padrón de Proveedores y Contratistas desactualizado, por lo que se trabajó en abatir el rezago de los 7 mil 900 registros; se revalidaron 2 mil 019 y se revisaron 919 expedientes para corroborar la veracidad de domicilios fiscales y facturas; derivado de ello, se cancelaron 80 que no cumplieron con las disposiciones normativas, con al menos 10 de ellos, que se denunciaron por ser empresas fantasmas.
Uno de los puntos más importantes fue la cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, de tal manera que se llevó a cabo un trabajo coordinado y multidisciplinario con diferentes dependencias para abatir el crimen.
