Para evitar situaciones tensas y agresiones de elementos policiacos estatales y municipales a periodistas, principalmente quienes cubren “nota roja”, Fortunato González Islas, diputado local de Morena, presentó un acuerdo económico por el cual exhorta al titular del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a que instruya a la Fiscalía de delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a que diseñe e instrumente los protocolos de capacitación y sensibilización dirigido a uniformados.
Asimismo, solicita al titular del Despacho de la PGJEH a que, en el ámbito de sus competencias y facultades, instruya a la Fiscalía de delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que diseñe e instrumente el protocolo para la capacitación y sensibilización de periodistas, a fin de que conozcan cómo conducirse, qué hacer y no hacer cuando cubran hecho de “nota roja”.
González Islas explicó que, sin duda, la labor periodística se ha transformado en una de las profesiones más riesgosas en varios estados del país, debido a la convulsión que generó la guerra contra el narcotráfico, declarada sin ton ni son por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, aunque dijo que la violencia contra los periodistas data de años atrás, pues no hay que olvidar el asesinato del reconocido y prestigiado columnista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984.
Comentó que de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se ubica ya como el séptimo país más peligroso a escala mundial, para el ejercicio de periodismo. Ante tal panorama, manifestó cabe preguntar: ¿De dónde se origina la violencia ejercida contra los periodistas? ¿Cuáles son las causas que propician dicha violencia?
Mencionó que según la asociación Artículo 19, la espiral violenta contra los periodistas proviene tanto de la acción como de la omisión de la esfera gubernamental que incluye a los partidos políticos y del crimen organizado. Destacó que dicha organización, señala que en México el peligro de ser periodista se vincula más a las acciones del gobierno, que al crimen organizado.
Al respecto, recordó que hace unas semanas trascendió, de acuerdo con publicaciones de diversos medios nacionales y extranjeros, que la periodista independiente María Teresa Montaño, fue víctima de un secuestro exprés y de amenazas de muerte por investigar una presunta red de corrupción para desviar fondos públicos por cinco mil millones de pesos, a través de la firma de contratos con empresas fantasma, que involucra a servidores y ex funcionarios del gobierno de Alfredo del Mazo, y a la ex candidata a gobernadora Alejandra del Moral.
