La política puede ser dura, pero utilizar a la familia de una mujer para desacreditarla públicamente es una de las expresiones más bajas de la confrontación política. Y no debería tener cabida en ninguna sociedad.
En una democracia, los ciudadanos tienen todo el derecho de estar de acuerdo o no con sus gobernantes. De cuestionar sus decisiones, expresar inconformidades y exigir resultados. Los medios de comunicación, por su parte, tenemos la responsabilidad de informar, analizar, investigar y abrir espacios a las distintas voces de la sociedad, incluso cuando sus opiniones resulten incómodas para quienes ejercen el poder.
Ese es el sentido de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico.
Pero hay una enorme diferencia entre cuestionar a una mujer por su desempeño público y utilizar su vida familiar para desacreditarla, humillarla o intentar destruir su imagen política.
Lo primero forma parte de la democracia. Lo segundo, cuando implica amenazas, intimidación o ataques por razones de género, puede constituir violencia política contra las mujeres.
Y es precisamente en este terreno donde cobra relevancia el caso de Zorayda Robles Barrera, presidenta municipal de Apan, quien desde hace más de dos años ha denunciado amenazas, agresiones y ataques en redes sociales que, de acuerdo con sus propios señalamientos, también han alcanzado a su familia.
No hablamos de un episodio aislado.
En marzo de 2024, cuando todavía era candidata a la presidencia municipal, Robles denunció amenazas que, según su testimonio, involucraban a su esposo y a sus hijos. En mayo de ese mismo año hizo públicas nuevas intimidaciones, incluidas amenazas de muerte, y reportó una agresión durante un acto de campaña en la comunidad de Chimalpa.
Los hechos quedaron registrados en diferentes publicaciones periodísticas.
La elección terminó, Zorayda Robles ganó la alcaldía, pero, de acuerdo con sus declaraciones, los ataques no cesaron.
El pasado 16 de octubre volvió a denunciar públicamente una serie de publicaciones en redes sociales que considera ofensivas contra su dignidad y la de su familia. También señaló la presunta participación de servidores públicos estatales, acusaciones que deberán ser investigadas y esclarecidas por las autoridades correspondientes.
Hasta aquí, los hechos denunciados.
Pero hay un trasfondo mucho más delicado que no debería pasar inadvertido.
¿En qué momento normalizamos que para atacar políticamente a una mujer se recurra a su familia? ¿Cuándo comenzamos a considerar aceptable involucrar a los hijos en disputas que les son completamente ajenas?
Zorayda Robles es una figura pública y, como tal, está expuesta al escrutinio ciudadano. Pero también es una mujer, una esposa y una madre.
Y ninguna de esas condiciones debería convertirse en una vulnerabilidad que sus adversarios puedan aprovechar para lastimarla.
Porque los hijos de una mujer que ejerce la política no son parte de una contienda electoral. Su familia no tendría por qué convertirse en instrumento de presión ni en objeto de ataques destinados a deteriorar su reputación.
Las plataformas digitales han ampliado las posibilidades de participación ciudadana, pero también pueden convertirse en herramientas de hostigamiento. Una publicación puede alcanzar a miles de personas en cuestión de minutos, mientras el daño a la reputación, la tranquilidad y la vida privada puede permanecer mucho tiempo después.
Por supuesto, no toda publicación negativa contra una funcionaria constituye violencia política en razón de género. Esa distinción corresponde establecerla a las autoridades mediante las investigaciones y los procedimientos legales necesarios.
Hemos insistido durante años en la necesidad de abrir más espacios a las mujeres en la política. Se han impulsado reformas, leyes de paridad y mecanismos para garantizar su participación.
Sin embargo, todavía existe una contradicción difícil de ignorar: celebramos que las mujeres lleguen a los cargos de decisión, pero seguimos encontrando casos en los que su vida personal y familiar termina expuesta como parte de una confrontación política.
Y no debería ser así.
Una mujer no tendría que desarrollar una coraza emocional ni aprender a soportar amenazas contra su familia para demostrar que tiene capacidad de gobernar.
Mucho menos debería aceptar ese tipo de agresiones como si fueran parte inevitable del ejercicio del poder.
El caso de Zorayda Robles debe servir para una reflexión que trascienda Apan, Hidalgo y las diferencias partidistas.
Ninguna mujer que participe en política, en México o en cualquier parte del mundo, debería enfrentar ataques contra sus hijos o su familia como una forma de presión o desprestigio.
Ninguna.
No importa si es presidenta municipal, legisladora, gobernadora o una ciudadana que apenas comienza su participación en la vida pública.
La política nunca debería llegar tan bajo.
Y si algo tendría que unirnos, más allá de cualquier diferencia, es la convicción de que ninguna mujer debe ser atacada a través de su familia por el simple hecho de participar en la vida pública.
La política se debate con argumentos. Las diferencias se enfrentan con ideas. La dignidad no se negocia.
Y con la familia, no.
