En Pachuca, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) vive una de sus peores crisis de credibilidad. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal ha sido contundente: es inválida la asamblea del pasado 29 de marzo en la que fue “reelecto” Luis Miguel Escudero Hernández como presidente del organismo para el periodo 2025-2026. Su nombramiento carece de efectos legales. Es decir, hoy encabeza la cámara sin tener derecho a hacerlo.
El oficio oficial, 110.01.527.2025, no deja espacio para interpretaciones: se deben reponer las elecciones bajo los lineamientos legales y estatutarios. Esto ocurre tras meses de inconformidades internas que advertían —con pruebas— que “el proceso había sido una simulación para mantener a Escudero en el poder por tercer periodo consecutivo, en aparente violación a los propios estatutos”.
Pero el problema no es sólo legal. Es ético. Escudero Hernández no solo enfrenta un dictamen federal que lo desautoriza. También ha sido señalado por prácticas clientelares dentro de la Canaco, donde, según testimonios de excolaboradores, excluyó a empresarios independientes para imponer a amigos y familiares en su equipo. A esto se suman acusaciones de acoso laboral y sexual interpuestas por una exvocera de la organización, quien lo denunció y cuya situación ya está documentada ante instancias legales.
La asamblea para reponer la elección se llevará a cabo en julio. Y más allá del resultado, esta es la oportunidad para que la Canaco de Pachuca recupere su legitimidad. Para algunos de sus integrantes, no sólo se trata de cambiar de presidente. Sino, de erradicar impunidad y redes personales por encima de la representatividad
