La Contraloría capacitará a funcionarios de los 84 municipios para prevenir el desvío de recursos y el uso de programas sociales con fines políticos rumbo a las elecciones de 2027.
Para evitar que dinero público, programas sociales, vehículos oficiales o recursos gubernamentales sean utilizados para favorecer a partidos políticos o candidatos durante el proceso electoral de 2027, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo inició una estrategia de capacitación dirigida a servidores públicos estatales y municipales.
La dependencia, encabezada por Álvaro Bardales, comenzó con la preparación del personal de la Dirección de Contraloría Social, con apoyo de especialistas de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para identificar posibles irregularidades y prevenir conductas que pudieran constituir delitos electorales.
Como parte de estas acciones, el próximo 19 de noviembre se capacitará a los titulares de los Órganos Internos de Control de los 84 municipios de Hidalgo, quienes tienen entre sus responsabilidades vigilar el manejo adecuado de los recursos públicos dentro de los ayuntamientos.
El objetivo es evitar que obras, apoyos gubernamentales y servicios públicos sean utilizados con propósitos electorales, además de establecer mecanismos para atender las denuncias ciudadanas.
¿Dónde pueden denunciar los ciudadanos?
La Contraloría informó que existen 84 buzones de Contraloría Social, uno en cada municipio, donde la población puede presentar quejas, denuncias o reportes relacionados con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
Estas denuncias serán canalizadas a las autoridades correspondientes para su revisión y atención.
Sin embargo, la dependencia aclaró que las capacitaciones tienen un carácter preventivo y que la investigación de posibles delitos electorales corresponde a las fiscalías especializadas.
En Hidalgo, los ciudadanos pueden acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mientras que los asuntos de competencia federal corresponden a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la FGR.
La estrategia busca reforzar la vigilancia antes del proceso electoral de 2027, cuando las autoridades deberán garantizar que los recursos públicos se utilicen para atender las necesidades de la población y no para beneficiar intereses partidistas.
El desafío será que la vigilancia no se quede únicamente en cursos y capacitaciones, sino que existan mecanismos efectivos para recibir denuncias, investigar irregularidades y sancionar a quienes hagan uso indebido de los recursos públicos.
