La Contraloría de Hidalgo ordena reforzar la vigilancia ante las elecciones de 2027. El uso indebido de vehículos, personal, programas sociales o publicidad gubernamental podría derivar en sanciones.
Ante el próximo proceso electoral 2026-2027, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo advirtió que ningún funcionario podrá utilizar dinero, vehículos, personal o recursos del gobierno para promover aspiraciones políticas, favorecer candidaturas o emprender campañas de desprestigio contra adversarios.
A través de una circular firmada por su titular, Álvaro Bardales, la dependencia estableció medidas preventivas para evitar que el presupuesto público se convierta en una herramienta de promoción electoral.
La disposición cobra especial relevancia para servidores públicos que busquen reelegirse o participar en procesos internos de los partidos políticos. Aunque aspirar a un cargo de elección popular es un derecho, utilizar recursos institucionales para obtener ventajas políticas puede constituir una irregularidad administrativa.
La vigilancia comenzará antes de las campañas.
Los Órganos Internos de Control deberán actuar desde que tengan conocimiento de posibles irregularidades, sin esperar al inicio formal de las precampañas ni a que exista una denuncia ciudadana.
Entre las conductas que estarán bajo vigilancia se encuentran el uso de vehículos oficiales, combustible, oficinas y trabajadores del gobierno para actividades partidistas; el condicionamiento de apoyos sociales, obras o servicios a cambio de respaldo político, así como la utilización de padrones de beneficiarios con fines electorales.
La advertencia también alcanza a la comunicación gubernamental. La producción de videos, publicidad pagada, publicaciones en redes sociales o campañas de ataques políticos financiadas con dinero público podrá ser investigada, incluso cuando se realice mediante terceros.
También habrá responsabilidad para quienes permitan las irregularidades.
La circular advierte que los responsables de vigilar el uso de los recursos públicos podrían enfrentar procedimientos administrativos si, teniendo conocimiento de posibles faltas y facultades para intervenir, omiten injustificadamente actuar.
Asimismo, establece que las inauguraciones de obras, conferencias de prensa, informes y recorridos oficiales deberán mantener una finalidad institucional y no utilizarse para obtener beneficios electorales.
La Contraloría precisó que estas medidas no buscan impedir la crítica política ni restringir los derechos de los servidores públicos, sino garantizar que las actividades gubernamentales se desarrollen sin utilizar recursos públicos con fines partidistas.
Para fortalecer la prevención, la dependencia ofrecerá orientación y capacitación en materia de blindaje electoral, mientras que los programas sociales, obras y servicios deberán continuar sin condicionamientos políticos.
“El dinero del pueblo debe atender las necesidades de la gente. Ninguna aspiración electoral está por encima de esa obligación”, puntualizó Álvaro Bardales.
