En lugar de que las personas sentenciadas únicamente barran calles o limpien parques como parte de su trabajo comunitario, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, propone que esas actividades estén relacionadas con el delito que cometieron, con el objetivo de evitar que reincidan.
La iniciativa, presentada en la sesión ordinaria 200 del Congreso de Hidalgo, plantea reformar el Código Penal estatal para que, cuando sea posible, los jueces ordenen que el trabajo a favor de la comunidad se realice mediante cursos, talleres o programas de capacitación que ayuden a las personas infractoras a comprender las consecuencias de sus actos y modificar su conducta.
El legislador explicó que actualmente muchas sanciones consisten en realizar labores comunitarias que, aunque representan una forma de reparar el daño, no necesariamente dejan un aprendizaje.
Como ejemplo, señaló que una persona sancionada por una infracción vial puede cumplir su castigo recogiendo basura, pero nunca recibir capacitación sobre educación vial. Lo mismo ocurre con quienes cometen conductas relacionadas con violencia de género, quienes podrían realizar trabajo comunitario sin recibir información o sensibilización sobre ese problema.
Por ello, la propuesta busca que las sanciones tengan un enfoque más educativo. Entre las actividades que podrían realizarse se encuentran talleres de seguridad vial, prevención de adicciones, cultura de la legalidad, salud pública, protección del medio ambiente o prevención de la violencia de género, dependiendo del tipo de delito cometido.
Mendoza Bustamante aclaró que la reforma no obligará a los jueces a aplicar estos programas en todos los casos. El proyecto utiliza el término “privilegiará”, lo que significa que tendrán la facultad de decidir cuándo es viable hacerlo y cuándo será necesario mantener el esquema tradicional de trabajo comunitario, sobre todo en municipios donde no existan programas especializados.
La iniciativa también propone que las autoridades penitenciarias establezcan convenios con dependencias públicas, instituciones privadas y organizaciones civiles para desarrollar estos programas sin generar gastos adicionales para el gobierno estatal.
El diputado afirmó que la propuesta busca cambiar la visión del sistema de sanciones, pasando de un modelo basado únicamente en el castigo a uno que también promueva la educación, la reinserción social y la disminución de la reincidencia.
La iniciativa fue turnada a comisiones, donde será analizada antes de que pueda ser discutida y votada por el pleno del Congreso del Estado.
