Durante el primer trimestre de 2026, la Contraloría estatal, encabezada por Álvaro Bardales, intensificó la supervisión interna y el control del gasto, siguiendo la línea de transparencia impulsada por el gobernador Julio Menchaca.
En este periodo, los comisarios públicos mantuvieron presencia activa en las juntas de gobierno, donde revisan cómo se planea, programa y ejerce el presupuesto. Su función es asegurar que los recursos se utilicen conforme a la ley y bajo criterios de eficiencia y austeridad.
Los números muestran la carga de trabajo: en el último trimestre de 2025 se realizaron 191 sesiones extraordinarias —principalmente sobre presupuesto y reglas de operación— además de 76 sesiones ordinarias.
A esto se suma el acompañamiento técnico: 359 asesorías telefónicas, 67 presenciales y cuatro especializadas dirigidas a 66 organismos descentralizados, lo que ha permitido mejorar la coordinación y resolver dudas operativas en tiempo real.
También se llevaron a cabo mesas de trabajo para revisar auditorías externas realizadas por despachos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estas reuniones buscan detectar áreas de mejora antes de que se conviertan en problemas mayores.
En este escenario, el comisario público se consolida como una figura clave para vigilar el uso de los recursos y fortalecer los controles dentro de las instituciones.
