La caída de una de las redes más fuertes dedicadas al robo de gas LP en el país marca un golpe relevante contra el llamado “huachi-gas”, un delito que afecta tanto a la economía como a la seguridad pública.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras operativos simultáneos en el Estado de México, Hidalgo, Chihuahua y Ciudad de México fueron detenidas 14 personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de hidrocarburos y lavado de dinero.
En conferencia, acompañado por el fiscal Ulises Lara López, se detalló que el grupo operaba con un esquema completo: desde la extracción ilegal del combustible hasta su venta en el mercado formal mediante empresas fachada, lo que les permitía “limpiar” las ganancias ilícitas.
Las investigaciones, que se extendieron durante siete meses, permitieron ubicar el centro de operaciones de esta red en municipios clave como Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con las autoridades, se trataba de una de las organizaciones más relevantes dentro del mercado ilegal de combustibles en México.
Durante los cateos a 20 inmuebles —la mitad en Estado de México y la otra en Hidalgo— las fuerzas federales aseguraron 150 mil litros de gas LP, decenas de pipas, autotanques y vehículos, además de armas, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico. También fue clausurada una toma clandestina en Tepeji del Río.
Entre los detenidos destaca Mauricio “N”, alias “El Burras”, señalado como líder de la organización, encargado de coordinar la logística y mantener vínculos con otros grupos. Junto a él fueron capturados operadores clave que manejaban desde las finanzas hasta el traslado del combustible y la administración de gaseras utilizadas para encubrir las operaciones.
El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.
Según las autoridades, la red utilizaba al menos diez empresas para simular operaciones legales, empleando prestanombres y mecanismos financieros complejos. El combustible robado —extraído principalmente de ductos de Pemex— era almacenado en predios clandestinos y posteriormente introducido al mercado formal.
El desmantelamiento de esta estructura no solo representa la captura de sus principales operadores, sino también un golpe a las finanzas del crimen organizado que se nutre del robo de hidrocarburos, una actividad que en los últimos años se ha consolidado como uno de los negocios ilícitos más lucrativos en el país.
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