El senador Cuauhtémoc Ochoa afirmó que “quien quiera hacer negocios con el Estado debe hacerlo con reglas claras y prácticas íntegras”, al presentar una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Responsabilidades Administrativas desde la tribuna del Senado de la República.
El legislador de Morena explicó que la propuesta busca transformar el enfoque actual, pasando de un modelo meramente sancionador a uno preventivo, con el objetivo de cerrar espacios a la impunidad y frenar la corrupción antes de que ocurra.
Ochoa detalló que la iniciativa plantea fortalecer la investigación, garantizar sanciones proporcionales y asegurar la reparación integral del daño cuando se configuren actos de corrupción. Asimismo, se perfecciona el régimen de responsabilidades administrativas tanto para servidores públicos como para particulares.
Entre los puntos centrales, destacó la actualización y precisión de conceptos clave como conflicto de interés, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y encubrimiento, con el fin de abarcar nuevas modalidades de corrupción, incluidas aquellas relacionadas con beneficios políticos o ventajas no necesariamente económicas.
Uno de los ejes principales de la reforma es la protección a alertadores y denunciantes. El senador subrayó que ninguna política anticorrupción puede ser efectiva si quienes conocen irregularidades temen denunciar, por lo que se fortalecen los mecanismos de denuncia, se establecen plazos claros de investigación y se garantizan medidas de confidencialidad, protección laboral y personal, así como canales seguros y, cuando sea necesario, anónimos.
Durante la primera sesión ordinaria del Senado, Ochoa también señaló que la iniciativa contempla un régimen más robusto, con medidas cautelares como el congelamiento preventivo de activos relacionados con actos investigados y sanciones específicas para personas morales, incluyendo la prohibición temporal de contratar con el sector público.
Finalmente, enfatizó que las sanciones deben ser disuasorias y orientadas a la reparación del daño, incluso el daño a la confianza pública, estableciendo sanciones económicas superiores al beneficio obtenido y reforzando los periodos de suspensión e inhabilitación.
“Quien quiera hacer negocios con el Estado debe hacerlo con reglas claras y prácticas íntegras”, concluyó.
