Con la finalidad de no involucrar exclusivamente al médico como responsable de la violencia obstétrica sino también a los diferentes niveles del sistema de salud y sus respectivos componentes, diputados locales de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y de Nueva Alianza, sometieron a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.
José Antonio Hernández Vera, diputado local de Morena, a nombre de sus compañeras y compañeros legisladores, explicó en la exposición de motivos que la violencia obstétrica se refiere a una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva.
La violencia obstétrica, indicó, se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud, públicos y privados, y es producto de un entramado multifactorial en donde se relacionan la violencia institucional y la violencia de género.
Añadió que representa el producto de la concurrencia de múltiples factores que incluyen violencia de género, violencia institucional, deficiencias estructurales y organizacionales que impiden una atención universal y oportuna a servicios de atención obstétrica con estándares adecuados de calidad.
Queda claro -dijo- que se trata de acciones y omisiones que involucran en diferentes niveles de responsabilidad al sistema de salud, sin embargo, en las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de los Estados de la República Mexicana que han incluido el término pareciera que es el personal de salud, particularmente el médico, quien por acción y omisión intencional o por negligencia, daña, lástima o denigra a las mujeres embarazadas.
Es decir, abundó, de acuerdo con la redacción de estás leyes, el médico actúa con la intención deliberada de provocar daño físico o psicológico en sus pacientes hasta demostrar lo contrario, lo cual nos parece es una forma errónea de interpretar y buscar solución al problema.
“Sin hacer de lado la responsabilidad de quienes incurren en prácticas abusivas en contra de sus pacientes, muchos de los problemas éticos y jurídicos que se desprenden de estas situaciones no proviene exclusivamente del profesional médico, sino de la forma de organización de los servicios y de todo el personal de salud, incluso administrativo que forma parte del mismo”, apuntó.
