La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Rebeca Aladro Echeverría, informó que se ha cumplido al 100% con la capacitación de integrantes de los 84 ayuntamientos para la elaboración, actualización y revisión de sus Bandos de Policía y Buen Gobierno.
Durante la Reunión de Trabajo Interinstitucional convocada por la Secretaría de Gobierno, en la que participaron alcaldesas y alcaldes, así como titulares de distintas dependencias estatales, Aladro Echeverría destacó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la administración municipal.
La titular del Poder Judicial recordó que este proyecto estratégico, iniciado a finales del año pasado, ha contado con la colaboración de magistradas, magistrados, juezas y jueces, quienes han brindado acompañamiento técnico y jurídico para dotar a los municipios de herramientas legales que garanticen certeza jurídica y orden en la vida comunitaria.
“Cada avance, cada municipio capacitado, cada herramienta entregada representa un paso hacia administraciones más eficaces, cercanas y responsables”, señaló la magistrada presidenta.
El proceso incluyó talleres especializados, asesoría directa y la entrega de materiales de apoyo para que cada gobierno local pueda actualizar o crear su marco normativo de forma eficiente. Algunos ayuntamientos ya han concluido la elaboración de sus Bandos, mientras que otros se encuentran en etapa de revisión.
En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna; el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri; la secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez; el titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Valverde Islas; y el coordinador general jurídico del gobierno estatal, Raúl Serret Lara, entre otras autoridades.
Aladro Echeverría subrayó que el fortalecimiento de los municipios es una tarea compartida y reiteró el compromiso del Poder Judicial de seguir acompañando a los ayuntamientos en la mejora de sus capacidades normativas y administrativas.