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México vive una jornada inédita: elecciones en el Poder Judicial

Este domingo 1 de junio de 2025, México celebra por primera vez elecciones populares para renovar a una parte importante del Poder Judicial. Se trata de un proceso histórico impulsado por la reforma constitucional aprobada en 2024, que establece que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano, con el objetivo de hacer más transparente y accesible el sistema judicial del país.

En total, más de 2,600 cargos están en disputa en todos los niveles: desde jueces de distrito y magistrados de circuito, hasta los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección ha sido organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), y se lleva a cabo en todo el país bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia institucional.

¿Qué cambia con esta elección?

Hasta antes de esta reforma, los cargos en el Poder Judicial se designaban mediante procesos internos del Consejo de la Judicatura Federal o por propuestas del Ejecutivo ratificadas por el Senado. Con el nuevo modelo, las y los ciudadanos participan directamente en la elección de quienes interpretan y aplican la ley, con la intención de combatir el elitismo, el nepotismo y la percepción de impunidad dentro del sistema judicial.

La medida forma parte de un proyecto más amplio de reforma del Estado, propuesto inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la actual administración federal.

Lo que sigue

Los resultados preliminares se darán a conocer en las próximas horas, y el INE ha reiterado su compromiso con la transparencia del proceso. A lo largo de la jornada, observadores nacionales e internacionales han supervisado las votaciones para garantizar su legalidad y legitimidad.

Este proceso marca un antes y un después en la historia democrática de México. A partir de ahora, se abre una nueva etapa para evaluar si este modelo fortalece la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, y si es capaz de mejorar su funcionamiento sin poner en riesgo los principios de autonomía e imparcialidad que lo sustentan.

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