La recuperación de cerca de 500 millones de pesos vinculados con desvíos de recursos fue uno de los resultados que el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, presentó ante el Congreso de Hidalgo, donde también enfrentó preguntas sobre obras deficientes, investigaciones pendientes y gasto en edificios gubernamentales.
Durante su comparecencia por el cuarto informe de gobierno, el funcionario reportó 544 auditorías por más de 256 mil 700 millones de pesos y 10 mil 416 inspecciones. Añadió que se incorporaron al patrimonio público 435 inmuebles, valuados en más de mil 267 millones de pesos.
Las cifras de fiscalización dieron paso a cuestionamientos sobre el destino de los recursos y la corrección de irregularidades en municipios.
Ante una pregunta del diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, de Morena, Bardales identificó a Tepehuacán de Guerrero, Huichapan y Tepetitlán entre los municipios con mayores montos observados: 210, 168 y 58 millones de pesos, respectivamente. Estas observaciones no equivalen, por sí mismas, a responsabilidades acreditadas.
Denuncias por obras y fallas pendientes
El contralor informó que la dependencia acompañó la presentación de 33 denuncias contra administraciones municipales salientes, principalmente por deficiencias en obra pública.
También mencionó 17 denuncias relacionadas con obras, entre ellas el parque de Tulancingo, el bulevar Aviación de Huejutla, carreteras en Apan y avenidas en Tula y Villa de Tezontepec. Según explicó, las irregularidades detectadas obligaron a aplicar medidas correctivas y, en algunos casos, a reponer trabajos.
La diputada Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, preguntó cuántas de las 403 irregularidades físicas detectadas en inspecciones continuaban sin corregirse, particularmente en escuelas, centros de salud e infraestructura hídrica.
En la respuesta recogida en el informe de la comparecencia, Bardales describió los mecanismos de revisión y coordinación con contratistas y ayuntamientos, sin precisar el total pendiente. Como ejemplo, aseguró que fueron corregidas las fallas de 17 contratos de drenaje pluvial en la zona metropolitana de Pachuca.
La diputada María del Rosario Guerrero Martínez, de Morena, expuso además la existencia de obras inconclusas en Jacala: una red de agua potable que no abastece a dos comunidades, un mercado municipal y una cancha techada. El secretario se comprometió a revisar si la red y la cancha están incluidas en las denuncias presentadas durante la entrega-recepción municipal.
Estafa Siniestra y Accendo, bajo cuestionamiento
En las preguntas ciudadanas se solicitó conocer el avance en la recuperación de recursos del caso denominado Estafa Siniestra, cuyo monto fue referido en el cuestionamiento como cercano a dos mil 400 millones de pesos.
Bardales sostuvo que se mantienen 97 denuncias contra presuntos responsables. Señaló que uno de los obstáculos para avanzar es la falta de localización de algunas personas involucradas, quienes podrían encontrarse fuera del país.
Aunque en su exposición inicial reportó la recuperación de cerca de 500 millones de pesos vinculados con desvíos, la información presentada no desglosa qué parte corresponde específicamente a este caso.
Respecto a Accendo, el funcionario indicó que continúa un procedimiento de concurso mercantil ante instancias federales. Añadió que siguen abiertas investigaciones por presuntas irregularidades de la administración anterior, con personas pendientes de localizar y notificar.
Defiende inversión en oficinas gubernamentales
La ciudadanía también cuestionó por qué se destinaron recursos a Hidalgo Honesto, la Casa Blanca y Las Torres, frente a las necesidades de comunidades de la Huasteca y la Sierra afectadas por contingencias.
El secretario defendió las inversiones al señalar que permiten concentrar oficinas antes dispersas, mejorar su operación y optimizar recursos. En su balance general reportó ahorros superiores a 32 millones de pesos anuales, aunque la información difundida no detalla cuánto corresponde a cada inmueble.
Otro tema fue la compatibilidad laboral de síndicos y regidores que mantienen un segundo empleo. Bardales explicó que las revisiones consideran horarios, distancias y funciones, y aclaró que no todos los dictámenes fueron negativos.
El funcionario planteó la necesidad de establecer reglas más claras y señaló que la Contraloría puede instruir acciones en dependencias del Ejecutivo que tengan contratadas a estas personas, pero no destituir directamente a integrantes de los ayuntamientos.
