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Hace falta romper con el círculo vicioso de la impunidad

El principal problema que enfrenta México en materia de procuración y administración de justicia, y al cual no es ajeno el delito de trata de personas, es el círculo vicioso de la impunidad, afirmó el profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, Luis Raúl González Pérez.

En la medida en que no haya responsables habrá un incentivo para que se cometan más conductas contrarias a lo establecido en las leyes. La trata es un flagelo que ataca la dignidad de los seres humanos y vulnera garantías fundamentales como la integridad y seguridad personales, la intimidad privada y la libertad, así como el libre desarrollo de la personalidad y sus derechos sexuales.

Sus impactos en las víctimas son físicos, psicológicos y sociales, por lo que es necesario brindar protección integral, que no se limite al ámbito penal, sino que además les facilite enfrentar las secuelas de la vulneración, de modo que se direccionen esfuerzos hacia su recuperación y reintegración a la sociedad, sostuvo.

El Estado debe generar las circunstancias para un ejercicio pleno de las prerrogativas y el enfoque diferenciado es uno de los principios básicos para saber qué tipo de necesidad asistencial y de protección requieren, de acuerdo con sus condiciones de vulnerabilidad, precisó.

Hay que revisar el tema de la austeridad, sobre todo cuando corresponde a la atención a víctimas, reparación del daño o protección. La ley es inalcanzable porque no hay una decisión política presupuestal para acompañarla. Es un tópico que debemos seguir trabajando, aseguró.

Aunque existe regulación sobre la prevención y atención a víctimas, así como derechos que las asisten, como resguardar su identidad y datos personales, esto ha sido insuficiente.

Los factores que invisibilizan a las víctimas son: con frecuencia la transgresión se esconde atrás de actividades lícitas; en otras ocasiones desconocen su explotación y se dificulta que puedan denunciar o cooperar con las autoridades; o por la falta de capacitación de los operadores de justicia, entre otros.

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