En tiempos donde la confianza ciudadana se gana con hechos, el Gobierno del Estado lanza una advertencia clara: más de 3.500 altos funcionarios tendrán que presentar su 3 de 3 —declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses— sin excepciones. Esta estrategia, piedra angular de la lucha contra la corrupción, cobra fuerza bajo la actual administración de Julio Menchaca, donde la transparencia no es una opción, sino una obligación.
Según datos oficiales, todos los servidores públicos de nivel 10 en adelante —desde directores de área hasta secretarios de Estado y el propio Gobernador— deben cumplir rigurosamente este requisito. En cifras concretas: 630 directores de área, 230 directores generales, 47 subsecretarios, 19 secretarios y el Gobernador deberán rendir cuentas. A ellos se suman mil funcionarios del Poder Ejecutivo, y otro millar del Legislativo y Judicial.
La fecha límite para presentar la declaración fiscal ante el SAT vence este 30 de abril. Esto aplica especialmente para quienes perciben ingresos superiores a 400.000 pesos anuales, contemplando todo tipo de percepciones: aguinaldos, bonos y apoyos de cualquier índole. El incumplimiento no será tolerado, como lo prueban los recientes antecedentes de inhabilitaciones y procesos legales contra exsecretarios y presidentes municipales electos.
La tarea no se limita a los niveles estatales. En los 84 municipios, mil 500 asambleístas y funcionarios municipales también deberán ponerse al día con el SAT. Posteriormente, en mayo, se sumarán más de 120.000 servidores públicos en el estado para presentar su declaración patrimonial y de intereses, de los cuales cerca del 3 % también rendirán cuentas fiscales.
La Contraloría estatal, liderada por Álvaro Bardales, ya se puso en marcha: más de 1.900 servidores públicos han sido capacitados este año mediante cursos presenciales y virtuales sobre declaraciones y responsabilidades administrativas. El mensaje es inequívoco: quien omita su deber enfrentará sanciones, inhabilitaciones y procesos legales.
En la era de la rendición de cuentas, no habrá escondites. Directores, subsecretarios, asambleístas y hasta funcionarios de honorarios deberán hacer pública su situación patrimonial. El compromiso del Gobierno de Menchaca es firme: transparencia total y cero tolerancia a la opacidad.
